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​Contraloría criticó previamente el proyecto de ley, mientras que alcaldes lo piden con urgencia.

Banco Central se suma a críticas contra proyecto de ley que suspende regla fiscal a municipalidades

​Contraloría criticó previamente el proyecto de ley, mientras que alcaldes lo piden con urgencia.

30/04/20 | 16:27pm

La junta directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió un dictamen negativo sobre el proyecto de ley que aplicaría moratorias a los impuestos municipales, como alivio a la crisis del Covid-19. Así lo anunció la institución este 30 de abril a través de un comunicado.

Esto porque, para aliviar el impacto en las finanzas municipales, el proyecto también le daría muchas libertades a los gobiernos locales como no aplicar la regla fiscal o hacer compras sin pasar por el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

“La Junta Directiva del BCCR determinó que el proyecto de ley señalado carece de sustento técnico, es perjudicial para la salud y sostenibilidad de las finanzas públicas, y es contrario al deber de transparencia”, señaló la institución.

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De acuerdo con el Banco Central, el proyecto de ley “se funda en un razonamiento contrario a la lógica y a la intuición económica” y asegura que carece de justificación técnica para los alivios financieros que propone.

“El proyecto se funda en el argumento de que, en respuesta a la eventual reducción en los ingresos de las municipalidades que causaría la actual pandemia (que el proyecto no estima), es preciso aumentar sus gastos. Eso, por supuesto, iría en perjuicio de la salud de las finanzas públicas”, señala.

Disputa

El Banco Central se suma a las críticas de la Contraloría General de la República (CGR), la cual aseguró que el proyecto sería perjudicial para la transparencia en el manejo de recursos públicos, al permitir hacer compras sin pasar por Sicop.

“La flexibilización absoluta de los mecanismos de compra tal cual se pretende en la propuesta del proyecto de ley, no es viable, sino que se debe hacer en los términos exclusivos que determine el Poder Ejecutivo para atender la emergencia”, apuntó la CGR en un pronunciamiento del 15 de abril.

En esto coincidió el BCCR, el cual indicó que “eso debilitaría la aplicación de criterios que permitan identificar las mejores opciones de compra, y entorpecería la transparencia debida”.

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Por otro lado, un grupo importante de alcaldes presiona para acelerar la aprobación de este proyecto, alrededor de 20 de ellos incluso se hicieron presentes en el Auditorio Nacional el pasado 28 de abril.

“En el caso específico de la Municipalidad de San José, de no aprobarse el proyecto de ley, nos veríamos obligados a iniciar una reducción de la planilla en los próximos meses. Estimamos que en el mes de julio, tendríamos que prescindir de al menos 300 trabajadores de las áreas operativas”, dijo el alcalde de San José, Johnny Araya, a través de sus redes sociales.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron dispensar de todo trámite este proyecto el 28 de abril, lo que significa que este no pasaría por comisión legislativa sino directamente al plenario.

El proyecto

Para aliviar el impacto de la crisis del Covid-19, este proyecto de ley propone aplicar moratorias a una serie de impuestos municipales. No obstante, para evitar un daño en las finanzas municipales, también propone beneficios financieros para ellas.

Cada municipalidad tendría que sustentar la moratoria con un estudio técnico, ya que “probablemente no es real que una municipalidad podría aplicar una moratoria a todos los impuestos municipales al mismo tiempo”.

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Algunos de los impuestos a los que se les podría aplicar una moratoria serían el pago de patentes comerciales, tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión. Esto aplicaría por un plazo de 9 meses desde el comienzo de la emergencia (16 de marzo).

Este proyecto le permitiría a las municipalidades utilizar superávit y suspender ciertos pagos obligatorios al sector público para no tener que subir tarifas, según explicó el representante de gobiernos locales.

El proyecto, por ejemplo, autorizaría a las municipalidades no efectuar el pago de 1% y 3% de lo recaudado por bienes inmuebles al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda y al Registro Nacional respectivamente.

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