Bancos estatales incumplen el 65,8% de parámetros internacionales para pagar incentivos a sus trabajadores

evaluación​Entidades reprueban prácticas que se aplican en otros países para otorgar bonificaciones

Los bancos estatales del país incumplen el 65,8 por ciento de los parámetros que a nivel internacional acostumbran usar las entidades bancarias para otorgar incentivos a sus trabajadores.

Así lo revela el informe de una comisión interinstitucional que analiza los incentivos que los bancos públicos otorgan a sus empleados en el país.

El documento fue presentado el pasado martes 19 de mayo al Consejo de Gobierno por la comisión que conforman el Ministerio de Hacienda, la Presidencia de la República y el Banco Central.

En la página 26 del informe destaca una evaluación a los bancos estatales con base en 11 parámetros internacionales que en la práctica aplican entidades financieras en otros países para pagar estímulos económicos a sus trabajadores.

Los criterios internacionales están ligados al cumplimiento de objetivos estratégicos, política salarial, rentabilidad, riesgos, meta de eficiencia y transparencia.

La comparación revela que el Banco Nacional cumple parcialmente un 36,3 por ciento de los 11 parámetros e incumple el 63,6 por ciento.

El Banco de Costa Rica (BCR) cumple a cabalidad el 18,1 por ciento, cumple parcialmente el 18,1 por ciento e incumple un 63,6 por ciento.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal cumple completamente el 27,2 por ciento de los parámetros evaluados, un 9 por ciento los cumple parcialmente e incumple el 63,6 por ciento restante.

En el caso del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) cumple el 27,2 por ciento de los 11 parámetros e incumple el 72,7 por ciento restante.

comisionado del consejo económico de gobierno, mariano segura

El comisionado del Consejo Económico de Gobierno, Mariano Segura, explicó que la evaluación hecha por dos funcionarios del Banco Central evidencia que los mecanismos actuales que utilizan las entidades bancarias públicas para pagar incentivos a sus empleados no cumplen con exigencias mínimas que bancos de otros países acostumbran.

Si esos criterios de evaluación se aplicarán en el país, ningún banco público podría pagar incentivos a sus trabajadores, dijo Segura.

La comisión que analiza los incentivos salariales a los trabajadores de los bancos públicos se basó en "las mejores prácticas que deben considerar las instituciones financieras en la modelación e implementación de los esquemas de incentivos", según se lee en la página 23 del informe que se presentó al Consejo de Gobierno.

Se tomaron como parámetros de comparación las prácticas de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Financial Stability Board y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"De la matriz anterior se desprende que en general son muy pocos los principios que cumplen los actuales esquemas de incentivos de la banca pública", según el informe.

El Consejo de Gobierno remitió el informe a la Dirección Jurídica de la Casa Presidencial para que trabaje en una "directriz de Gobierno para la mejora de los esquemas vigentes de incentivos en la Banca Pública, mediante un conjunto de acciones inmediatas que deberán implementar los bancos", se indica en el documento.

Además, la comisión recomienda al Consejo de Gobierno que tome dos acuerdos con el fin de instruir a la Juntas Directivas de los bancos públicos para que cada vez que aprueben cambios a los incentivos lo informe, y para crear una Comisión Interbancaria que trabaje en planes de aprovechamiento de recursos.

La comisión que analiza el modelo de pago de incentivos a trabajadores de bancos públicos fue conformada por el Consejo de Gobierno el pasado 3 de febrero, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) reveló un informe sobre pagos excesivos por este rubro entre 2006 y 2012.

El ente contralor alertó que en ese periodo los bancos públicos pagaron más de ¢99 mil millones en incentivos a sus colaboradores y que aunque se trata de pagos legales amparados en la autonomía constitucional y legal de la que gozan las entidades, son excesivos y carecen de justificación técnica.