Encargados de fiestas ilegales cobran de ¢5 mil a ¢10 mil, Policía frenó actividad con 200 personas

Los encargados de organizar las fiestas clandestinas cobran entre ¢5.000 y ¢10.000 de entrada al evento, recolectando sumas millonarias mediante un negocio ilegal. Este fin de semana la Policía Municipal de San José (PMSJ) recibió la alerta e intervino una actividad que se realizaba con 200 personas en Paseo Colón.

La acción se llevó a cabo con la coordinación del Ministerio de Salud y la Fuerza Pública, quienes realizaron la clausura permanente del sitio que no contaba con ninguna patente comercial.

Según el reporte policial, “ninguna persona quiso hacerse responsable y se notificó al personal de seguridad del lugar”, al mismo tiempo en el que se clausuró el evento.

“Se contaron más de 200 personas saliendo de la casa”, manifestaron la PMSJ, que explicó que se tuvo conocimiento de la actividad por haberse anunciado previamente en redes sociales.

Para el director de la Policía Municipal josefina, Marcelo Solano, esta es una problemática que viene en aumento debido a la pandemia y que se realizan operativos especiales para evitar su desarrollo.

“La pandemia nos llega en un momento en donde la ilegalidad está a la orden del día, tenemos corridas de toros clandestinas, peleas de gallos clandestinas, fiestas intercolegiales en fincas privadas. Mucha gente está haciendo lo que quiere aunque la ley los sancione.

“Los organizadores se valen de redes sociales o de cadenas en Instagram, Telegram o WhatsApp para vender entradas y una vez que todas las entradas están vendidas desaparecen la información que está en redes sociales y las realizan (las actividades) en completa clandestinidad”, manifestó Solano quien aseguró que por la información que han analizado las entradas a estas fiestas ilegales se venden entre los ¢5.000 y ¢10.000.

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Las autoridades aseguran que existen dos tipos de procedimientos que se pueden aplicar, en el caso de locales con permisos y patentes que incumplen en aforo o distanciamiento se pueden aplicar multas de ¢450.000 o incluso, aplicar una clausura de entre uno y tres días.

Sin embargo, la mayor problemática se tiene con las actividades que se realizan en propiedades privadas sin ningún tipo de permiso porque no hay licencia comercial a la que se le pueda aplicar un castigo.

“En ese caso se exponen a la intervención de la policía, es más difícil la multa porque no hay licencia comercial y se expondrían a delitos penales”, explicó Solano, lo cual depende de lo que se pueda determinar en cada acción policial, por ejemplo, si se logró comprobar que hubo venta de licor a menores de edad.

“Estos son grupos de personas que se han venido organizando de manera oculta, en la clandestinidad para evadir los controles del Estado, no sólo de la Policía Municipal, sino de otras instituciones. Realizan actividades lucrativas ilícitas, muy concurridas, donde pueden haber entre 200, 300 o varios centenares de personas que pagaron entre ¢5.000 y ¢10.000 que les entran libres y generan una ganancia de muchos millones de colones y que ahora, en el marco de la emergencia, tienen más relevancia porque se convierten en un detonante de contagios”, agregó el funcionario.

De acuerdo con los resultados de los operativos realizados de marzo a diciembre del 2020 en la capital, se han realizado 143 clausuras de comercios, principalmente bares y restaurantes, por incumplimiento de medidas sanitarias, de ellos 12 han sido sancionados con la multa de ¢450.000 y el resto (131) se encuentran en proceso administrativo.