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Comisión del cemento chino analizará conclusiones en privado

​Foro legislativo preparará una matriz con ayuda de analista para discriminar la información recabada a lo largo de los últimos cuatro meses

La comisión que investiga posible tráfico de influencias en el otorgamiento de créditos bancarios, donde el caso estrella fue el de la empresa Sinocem, llevará a cabo sus sesiones de trabajo finales en privado.

Así lo decidió este lunes el foro legislativo, el cual se encuentra en el proceso de conclusiones del caso para presentar un informe el próximo 18 de diciembre.

La diputada del Frente Amplio y secretaria de la comisión, Patricia Mora, cuestionó este hecho pues consideró que es fundamental que se haga público el trabajo que realizan por la relevancia que ha cobrado el tema en la opinión pública.

"Soy de la opinión que de todas las sesiones que la comisión realice debe ser con los medios de comunicación en frente, sobre todo por el papel que han jugado en todo el proceso", manifestó la congresista.

Las sesiones ordinarias de los viernes serán las únicas con carácter público.

Este lunes también se acordó la creación de subgrupos de trabajo para la clasificación de toda la información recabada durante los aproximadamente cuatro meses que tiene de vida el foro legislativo.

Junto con una especialista prestada por el Ministerio Público se está dando contenido a una matriz para agrupar los datos de tal manera que se pueda definir los hechos relevantes, antecedentes, entre otros.

Mora señaló que el trabajo que les queda por delante es complicado pues deben mediar los criterios de todos los miembros de la comisión, por lo que a algunos les puede parecer importante cierta información que a otros no.

En total, 128 personas comparecieron ante los diputados del foro investigador. Durante el proceso destacaron audiencias como la del empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, la junta directiva (posteriormente destituida) del Banco de Costa Rica (BCR) y gerentes que ahora descuentan prisión preventiva, el exfiscal general, Jorge Chavarría, y el magistrado de la Sala III (suspendido), Celso Gamboa.

Hasta el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, fue llamado a rendir cuentas, al igual que diputados, ministros y otros jerarcas del Ejecutivo.