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Carlos Alvarado.

Computadora y celulares del Presidente se podrán revisar en caso Upad, resuelve Casación Penal

La acción había sido presentada por los abogados del mandatario

La computadora y los celulares del presidente Carlos Alvarado sí se podrán revisar como parte de las pesquisas por los presuntos delitos violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato en contra del presidente Carlos Alvarado, en relación con su firma del decreto que pretendía establecer una Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) con acceso a "datos confidenciales" de entidad públicas.

En su resolución 2020-01404, de la AmeliaRueda.com tiene copia, la Sala de Casación Penal (Sala Tercera) declaró sin lugar "las actividades procesales defectuosas" presentadas por el Licenciado Roger Guevara Vega y el Doctor Rodolfo Brenes Vargas", abogados del mandatario.

"Esta Cámara no vislumbra ausencia de justificación, en cuanto a la necesidad y proporcionalidad respecto a la orden del decomiso de los dispositivos telefónicos y computadoras, ya que, claramente se consideraron los indicios y elementos probatorios que hasta ese momento se tenían en la investigación, lo necesario para justificar bajo los principios de proporcionalidad y racionalidad, la pertinencia de las actividades de investigación solicitadas a fin de obtener posibles elementos probatorios necesarios para determinar la verdad de los eventos indagados y, en particular, lo indispensable que resultaba la obtención de los celulares, computadoras entre otras evidencias, propiedad de los investigados, o bien, asignados a cada uno de los sospechosos, en razón de su función, como parte de los dispositivos en los cuales podría ubicarse información relevante", escribieron los magistrados.

La Sala Tercera respondió así a quejas presentadas por los abogados del presidente en el caso que se tramita bajo el expediente 20-005434-0042PE; en el que se investiga, entre otros detalles, si el mandatario violó el ordenamiento jurídico por firmar un decreto contrario a la legislación vigente.

"Alega el señor defensor que los teléfonos no resultaban indispensables en la investigación ahora en curso, que existían otros medios alternativos para localizar prueba idónea en el proceso, sin embargo, esas son apreciaciones puramente subjetivas y, hasta especulativas; pues sin saber si existen contenidos útiles para el proceso, sería imposible visualizar su hallazgo en otro lugar".

En la resolución también se señala que "conscientes de la seriedad del proceso, de los derechos y garantías que asisten a las personas que están siendo investigadas y, que además, por su fuero, como ocurre en el caso del señor Carlos Alvarado Quesada, actual Presidente de la República, desde luego que la apertura de los dispositivos electrónicos, como son por ejemplo los teléfonos celulares, deberán realizarse en estricto apego a los límites que conlleva la afectación a su derecho a la intimidad, en este caso, solo permitiendo el acceso a la prueba de interés y relevancia, para esta investigación".

Sobre la información contenida en el correo electrónico del mandatario, los magistrados indicaron que la información está protegida "como cualquier otro documento" de naturaleza privada. Asimismo, señalaron que aún no se ha revisado y que se captó de manera integral porque era la única manera viable.

"Se secuestró lo que resultaba viable en aquel momento, porque no se podía individualizar cuáles documentos de los referidos en la orden, se podían encontrar en el correo electrónico del señor Carlos Alvarado Quesada y de los demás investigados. De modo que, solo se tiene, por una parte, la captura de dispositivos digitales, así como la información de los correos de los denunciados y la contenida en el hosting virtual, sin que hasta este momento se haya efectuado el examen de los mismos".

"No sobra decir que, a partir de la naturaleza confidencial de dicha información, a pesar de haber sido decomisada, no pierde ese carácter, de tal forma, que a esta no pueden acceder terceras personas, sino únicamente aquellas debidamente autorizadas. Por ello, en cuanto al reclamo referido al secuestro de los correos electrónicos y la información contenida en los servidores, no existe agravio alguno que declarar", puntualizaron.

"Es peligroso"

El abogado del presidente, Rodolfo Brenes, confirmó a AmeliaRueda.com que ya se les notificó la resolución de rechazo de sus alegatos.

Afirmó que, por tratarse de un fallo extenso, de más de 40 páginas, no ha tenido tiempo de leerlo y que por eso preferiría no profundizar en interpretaciones sobre sus contenidos.

Brenes sí señaló que la defensa del presidente Alvarado respeta las decisiones del tribunal y que "es parte de lo que puede suceder en todo proceso", aunque "seguirán atentos al desarrollo de la investigación y ejerciendo el rol de defensa del señor presidente, atendiendo las instrucciones de colaborar en la investigación en aquello que sea pertinente".

El defensor reiteró la posición que expresaron a los magistrados, a quienes afirmaron que es "peligroso" que se dé acceso a todos los documentos del mandatario en sus dispositivos electrónicos.

"Nuestra posición es que si el Ministerio Público quiere buscar la información relacionada con el caso UPAD, que la busque. Exigimos que la revise porque sabemos que no hay ningún delito. Lo que no nos parece correcto es que se lleven toda la información que tenía el señor Presidente de la República. Eso nos parece peligroso, pero bueno... por ahora desconozco los fundamentos de la resolución y tendremos que estudiarlos", concluyó.

Lea: Violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato: los presuntos delitos del caso UPAD

Complicar situaciones

Por su parte, la abogada Gloria Navas, representante del grupo denunciante Movimiento Ciudadano CR, mostró su satisfacción con la resolución del tribunal en el tanto que con esta se garantiza el acceso a elementos de suma relevancia para el caso y se disipan maniobras que -a su criterio- buscan entorpecer el desenvolvimiento del proceso.

"La actitud y la pelea que ellos (los encartados) han venido dando a ese nivel, prácticamente a sabiendas de que la actividad no iba a prosperar, representa para nosotros, objetivamente, una forma de obstaculizar elementos de juicio que son fundamentales", comentó la jurista.

Navas reiteró su confianza en que los expertos de la Policía Judicial serán delicados con la administración y revisión de la información contenida en los dispositivos electrónicos.

"Únicamente se extraen los datos que tengan relación con el caso, no ninguna otra si fuera personalísima, eso se respeta. Pero no tenemos la menor duda de que ahí hay conversaciones, por la lucha que ellos han dado para que no se abran, que van a traer luz a este expediente complicarle la situación a los que están siendo endilgados", añadió la penalista.

Algunos de las pruebas que Navas cree se pueden hallar en los celulares tienen que ver con "información de conexiones, de dónde estaban los servidores, de cómo se utilizaban los servidores, posiblemente instrucciones de solicitudes de información de diferentes departamentos del Estado", indicó ante la consulta de este medio.

"Yo estoy segura de que va a traer mucha luz y mucha explicación clara de cómo funcionaba esa organización ahí desde la Casa Presidencial que estuvo oculta al pueblo costarricense desde el puro inicio de este Gobierno y se integró todo ese grupo que manejaba todos esos datos. (...) Esta información sensible tiene una gran importancia porque se pueden ganar elecciones, conociendo usted los detalles de cada ciudadano, cuáles son las deficiencias que tiene, la pobreza, el lugar en donde vive, la cantidad de hijos, si es persona con discapacidad o no", aseveró la abogada.

La investigación

La Fiscalía General de la República investiga a ocho personas —incluido el presidente de la República— por el manejo de información relacionado con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). A ellos se les investiga por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

Aparte de Alvarado, se investiga al entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales; el exviceministro de Planificación, Daniel Soto; así como los tres anteriores asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Daniel Fernández; al exasesor legal Luis Salazar y a otro funcionario de apellidos Salas Hernández.

La Fiscalía realizó estas indicaciones como parte del comunicado de prensa en el que informó sobre la realización de 10 allanamientos relacionados con esta causa (expediente 20-005433-0042-PE). Dichas gestiones se activaron en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro viviendas que no se detallaron.

Según detalló el Ministerio Público, la investigación hace sospechar que "se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones", proceso del que "se cree que Alvarado tenía conocimiento".

"De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal".

"Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto", indicó el Ministerio Público, a través de su oficina de prensa.

Los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato están penados en los artículos 196 bis, 331 y 350 del Código Penal.

El primero se castiga con entre uno y tres años de prisión (con agravantes que aumentan el plazo en un año); el segundo se reprime con penas de entre tres meses y dos años, y el tercero con castigos de entre dos y seis años.

La investigación judicial busca determinar si, efectivamente, el entonces equipo asesor de la Presidencia tuvo acceso a "datos confidenciales", una facultad que se le intentó asignar a través de un fallido decreto que se publicó el lunes 17 de febrero y luego se derogó, cinco días después, ante las críticas de ciudadanos, políticos y medios de comunicación.

Presidencia ha alegado que el equipo asesor de datos funcionaba desde hace año y medio, y que nunca utilizó datos sensibles, a los que no tuviera acceso legalmente.

Nota actualizada a las 5:40 p.m. con declaraciones de Rodolfo Brenes, uno de los defensores de Alvarado.