3 de cada 10 conductores sancionados por incumplir restricción vehicular sanitaria apelaron multa

De los 13 mil conductores multados por irrespetar la restricción vehicular sanitaria, el 29 por ciento (3.805) la apeló. Mientras, un 11% (1.540 personas) ya canceló la multa de ¢110 mil.

Además del castigo económico, a los vehículos multados se les retira las placas y a sus choferes se les suma seis puntos para perder la licencia de conducir.

Según lo establecido por las autoridades, el dinero que se recaude por esta multa será enviado a un fondo de emergencia para financiar ayudas a personas afectadas económicamente por el COVID-19.

El director del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Edwin Herrera, aclaró que el monto total recaudado por la sanción de restricción vehicular sanitaria no se destina completo a la emergencia, ya que, por ley, se deben realizar algunas reducciones.

Por ejemplo, si la multa se paga dentro de los 10 días hábiles posteriores a su confección, entonces se realizar un 15% de rebaja y el monto final ronda los ¢93 mil. “Las multas canceladas rondan ¢143 millones, porque la mayoría eran de ¢110 mil", explicó el jerarca.

“La modificación que se hizo a la Ley de Tránsito (para incluir esta sanción por la emergencia) no hizo excepción de la aplicación del artículo 234. Este artículo lo que dice es que las boletas hechas por cuerpos policiales de una municipalidad, un 70% del dinero va a esa municipalidad y el otro 30% es el que trasladaríamos o estamos en proceso de coordinación de traslado con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)", mencionó Herrera.

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El Cosevi trabaja actualmente en todo el proceso de digitalización de las sanciones aplicadas, la recepción de impugnaciones y la coordinación con las autoridades del Gobierno para definir la cuenta a la que se hará la transferencia del dinero recaudado.

Por ejemplo, de la estimación actual (¢143 millones), solo ¢83 millones se trasladarían para la atención de la emergencia sanitaria.

“Además, la Ley dice que los partes asociados o realizados por la Policía de Tránsito o la Fuerza Pública, a esos se les rebajan ciertos porcentajes de otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, Cruz Roja y el PANI. Entonces, efectivamente no es la totalidad de los ¢143 millones, sino que esa cifra alcanza, según las estimaciones hechas por la institución, apenas los ¢83 millones, que es lo que eventualmente trasladaríamos a la CNE”; agregó el jerarca de Cosevi.

Vea: En esta aplicación puede consultar si puede o no circular