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¿Es constitucional la reforma de pensiones del Poder Judicial? Sala IV responderá próxima semana

​Expediente tiene más de cuatro meses en manos de los magistrados

La próxima semana la Sala Constitucional emitirá la resolución sobre la consulta que hizo la Asamblea Legislativa acerca de la reforma a las pensiones del Poder Judicial.

Así lo anunció el magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Cruz, la mañana de este viernes en el programa radiofónico Nuestra Voz.

De acuerdo con el alto juez, la Sala tiene tiempo hasta el próximo 12 de abril para argumentar si la reforma es constitucional o no, esto porque el 12 de marzo los diputados enviaron una información que era necesaria para el análisis.

Entonces es a partir de esta fecha que comienza a correr el mes de vigencia que les otorga la ley para emitir la resolución, y no del 1 de noviembre del 2017 (fecha en que se envió el expediente a la Sala) como creían varios diputados, detalló Cruz.

Cruz también explicó que si han tenido retraso para dar la respuesta no es por "maniobras" que busquen el retraso de la iniciativa, sino que fueron una de serie de inhibitorias (el juez no puede resolver el caso porque le puede beneficiar la resolución) que presentaron los magistrados para no formar parte del Tribunal que analiza el texto.

La aclaración la hizo por la queja constante que tienen los diputados entorno al tiempo que ha tardado el órgano en contestar (más de cuatro meses).

Por ejemplo, dentro de los críticos está la liberacionista Sandra Pizk y la oficialista Marcela Guerrero, esta última dijo que los magistrados tienen paralizado el proceso legislativo para reformar sus pensiones y que esto era un incumplimiento a sus deberes como funcionarios públicos y un irrespeto a la institucionalidad.

Sin embargo, Cruz explicó que si el proceso ha tardado tanto es por las inhibitorias. Además, invitó a las diputadas que se quejan con "insinuaciones" a que interpongan denuncias concretas.

La reforma que los congresistas aprobaron en primer debate (el 30 octubre del 2017) impone un tope de máximo de ¢4 millones a las pensiones de dicho régimen, ya que en la actualidad hay unas que superan los ¢9 millones. También busca que los funcionarios judiciales coticen un 13 por ciento de su salario y no un 11, como actualmente lo hacen.

De igual manera se cambia la edad de jubilación, actualmente es de 60 años y se propone subirla a los 65.

Los diputados la aprobaron en primer debate el pasado 30 de octubre del 2017 y desde el 1 de noviembre la enviaron a la Sala Constitucional.