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Contralora: "La administración deberá fiscalizar sus actos, pero seguiremos vigilantes"​

​Refrendo de contratos será tarea de instituciones y no del ente contralor, según lo establece proyecto de ley aprobado en primer debate este jueves

Los contratos de la administración pública ya no deberán ser refrendados por la Contraloría General de la República (CGR), la tarea será responsabilidad exclusiva de las propias instituciones públicas.

Así lo propone el proyecto Ley Sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, aprobado en primer debate este jueves bajo el expediente 20.202 por los diputados de la Asamblea Legislativa.

El proyecto será enviado a la Sala Constitucional y en cuestión de un mes regresaría al plenario para su votación final, en caso de que los magistrados no encuentre algún vicio.

La iniciativa fue impulsada, desde el 14 de diciembre del 2016, por la propia Contraloría. Su argumento es que habrá una mejor rendición de cuentas y una agilización en los trámites.

En una entrevista concedida la mañana de este viernes a AmeliaRueda.com, la contralora, Marta Acosta, enfatizó que la CGR no está declinando competencia y que hay suficientes mecanismos de control para que las instituciones se encarguen del refrendo, al tiempo que dijo que la Contraloría seguirá encargada de revisar las apelaciones y objeciones a los contratos, fase procesal en donde, detalla Acosta, se realiza a mayor fiscalización.

"La administración deberá fiscalizar sus actos, pero seguiremos vigilantes", destacó.

Cambios

La figura del refrendo es un requisito de eficacia de los contratos administrativos, consiste en un análisis de la legalidad de sus contenidos. En esencia se trata de revisar que todo esté en orden: que no falten firmas, que existan recursos económicos, que la cláusulas estén claras...

Si el proyecto llega a convertirse en ley de la República, la labor será enteramente responsabilidad de una instancia a lo interno de la Administración, por ejemplo la dirección jurídica de la institución.

Acosta explicó que la Contraloría dictará una serie de parámetros específicos para que las instituciones realicen el refrendo, y añadió que en casos muy especiales el ente contralor podrá directamente encargarse del refrendo.

Para la jerarca la iniciativa agilizará procesos, pues en muchos casos la Contraloría debe devolver -incluso en varias oportunidades- los contratos a las instituciones, pues incumplen las condiciones para ser refrendados. Con el cambio propuesto, las instituciones deberán cerciorarse de que los contratos cumplan los principios de legalidad desde un inicio, además la iniciativa establece un régimen sancionatorio para cuando eso se irrespete y establece responsabilidades para el jerarca de la institución.

"Queremos que se asuman las responsabilidades que corresponden; cada jerarca debe establecer los mecanismos de control interno. Habrá sanciones para los funcionarios que refrenden o dejen de refrendar sin seguir lineamientos legales", manifestó la Contralora.

Acosta añadió que las instituciones pueden hacer consultas al ente contralor en caso de dudas; y que las respuestas, por ley, son vinculantes; es decir, de acatamiento obligatorio.