Contraloría señala falta de análisis en la Caja para selección de ofertas en compras para pandemia

La Contraloría General de la República (CGR) encontró omisiones de análisis para selección de ofertas en las compras realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la atención de la pandemia de covid-19.

En su informe de auditoría DFOE-BIS-IF-0003-2021, publicado este 7 de junio por la División de Fiscalización para el Bienestar Social, el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa determinó fallas en la calidad de la información asociada al Fondo de Contingencias del Seguro de Salud y faltantes en los procedimientos de compras de excepción por situaciones imprevisibles y de urgencia, relacionadas al estado de emergencia nacional por la nuevo coronavirus.

Como resultado de la fiscalización, se determinó que la institución administradora de los centros médicos públicos del país omitió estudios para el sustento de la selección de compras realizadas con procedimientos de excepción.

Por ejemplo, se determinó que el 56,14% de una muestra de 58 expedientes de contrataciones excepcionales realizadas en al 31 de mayo de 2020 no evidencian análisis técnicos que justifiquen la selección de determinada oferta

Además el 43,83% carecían del costo del objeto, toda vez que no se incluyeron consultas al mercado con varios oferentes o la verificación de facturas u órdenes de compras anteriores. Otro 43,83% de casos estudiados no se evidencia un análisis de razonabilidad de precios, por lo que no se conoce si el monto adjudicado se determinó ruinoso, excesivo o aceptable.

En ese sentido, se señalan además debilidades en los mecanismos de control institucionales que deberían establecer los criterios mínimos a las unidades ejecutoras respecto de la documentación del costo actual del objeto a contratar, la razonabilidad de los precios y de los análisis técnicos que sustentan la selección de una determinada solución.

"Lo comentado, debilita la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual pone en riesgo el uso eficiente de los recursos públicos así como disminuye la confianza de la ciudadanía en los procesos de contratación llevados a cabo para la atención de la pandemia", advierte el documento.

Otros hallazgos refieren a deficiencias en el cumplimiento de requisitos para el inicio de las contrataciones. Como muestra de ello, se tiene que en el 21,43% de las contrataciones analizadas no se evidencia una justificación en el inicio del procedimiento que respalde las razones por las cuales se decidió utilizar un mesanismo excepcional. Incluso estas se evidencia hasta el acta de adjudicación.

El informe puntualiza que esta situación se presentó principalmente en el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) -reconvertido en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con Covid-19 (Ceaco)- pues 10 de los 12 casos ejecutados por esa unidad tenían dicha condición.

"También se identificaron dos casos en los que, en el curso del proceso, se cambió el procedimiento de contratación, de oferente único a compra por situación imprevisible. En otro caso, conformado por varios ítems de compra, unos se justificaron como parte de una compra por situación imprevisible, y otros, como parte de un procedimiento de urgencia, sin embargo, el proceso concluyó como una compra por situación imprevisible", determinó la auditoría.

Se evidencian además faltantes en la definición de especificaciones técnicas del objeto de compra y criterios para la evaluación de ofertas.

De acuerdo con el análisis, en el 22,81% de las contrataciones se omite la inclusión de una descripción o ficha técnica del objeto contractual.

Se identificó también que para el 28,07% de los casos revisados no se incluyó la justificación de la cantidad de bienes que se debían adquirir para satisfacer la necesidad institucional.

Asimismo, en el 50,88% de las contrataciones analizadas no se evidenció que los criterios cuantitativos y cualitativos con los que se valoraron las ofertas hayan sido comunicados a los proveedores participantes. Esto se presentó en el 47,22% de las compras por situaciones imprevisibles y en un 75,00% de los procedimientos de urgencia.

Sumado a estos puntos, se tiene que la Contraloría identificó la necesidad de fortalecer la supervisión de la información publicada sobre las compras asociadas a la pandemia, pues se encontraron fallas respecto a las dimensiones del principio de publicidad. Lo anterior porque no se ha definido una instancia que verifique que la información de los expedientes se publique de manera completa.

Por todo lo anterior se ordenó al gerente de Logística de la Caja, Esteban Vega de la O, ajustar y oficializar mecanismos de control para clarificar los criterios a cumplir por las unidades ejecutoras antes del 30 de setiembre.