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CorteIDH tendrá deliberación clave este mes sobre derechos patrimoniales de parejas LGBTI ticas

​País acudió a organismo internacional también para conocer políticas sobre identidad de género

Entre el 13 y 24 de noviembre se llevará a cabo un nuevo período de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) donde se deliberará sobre la opinión consultiva enviada por Costa Rica acerca de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo.

El encargado de prensa del organismo confirmó a este medio que la solicitud del país está en la lista que se conocerá en la jornada que se llevará a cabo este mes.

En caso de que se resuelva en este período la resolución se dará a conocer antes de que finalice el 2017.

La opinión consultiva, remitida el 18 de mayo del año anterior, consiste en conocer si una serie de enunciados de la Convención Americana de Derechos Humanos obligan a reconocer todos las garantías patrimoniales que se se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo, ya contemplados en las uniones heterosexuales.

También se solicita determinar si es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule estas relaciones para que se otorguen dichas garantías.

La segunda parte de la consulta, liderada por la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, solicita a los jueces esclarecer la obligación que tiene el Estado de reconocer y facilitar el cambio de nombre de las personas de acuerdo a su identidad de género mediante un trámite administrativo gratuito, rápido y accesible para cualquier individuo.

La abogada y activista de derechos humanos, Larissa Arroyo, mostró su satisfacción por el avance en este proceso y señaló que es un paso importante debido a que debe ser acatado en todas las instancias gubernamentales para las políticas públicas a favor de la población LBGTI.

"Esta opinión consultiva va a ser determinante para Costa Rica, pero no únicamente para Costa Rica, en tanto la Corte Interamericana como la entidad legítima para hacer la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos va a influir en los sistemas de justicia de toda la región bajo la jurisdicción de la Convención Americana", explicó la experta.

Arroyo señaló que lo que dicte la Corte será trascendental para la protección de las garantías que se le han negado al colectivo sexualmente diverso.

"Considero que realmente es muy emocionante, como activista por los derechos humanos de la población LGBTI y como una mujer bisexual, el poder contar con una herramienta jurídica de peso que de alguna manera pudiera zanjar la discusión acerca de si hay discriminación o no por el acceso a una figura jurídica como lo podría ser el matrimonio", agregó la activista.

En mayo de este año se celebraron las audiencias para conocer las posturas de los diversos sectores involucrados en el proceso. La fase restante es la que se llevará a cabo en noviembre.

La respuesta a la consulta es vinculante, esto quiere decir que el Estado costarricense deberá acatar la disposición del tribunal internacional y generar los cambios que se consideren necesarios.

Algunas instituciones cuentan con diferentes políticas para dar algunos derechos a personas sexualmente diversidas y erradicar prácticas discriminatorias hacia esta población, sin embargo, al tratarse de reglamentos y decretos carecen de la seguridad jurídica necesaria para evitar que próximas administraciones se las traigan abajo.

El aseguramiento de parejas homosexuales por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una de las garantías que recientemente brindó el Estado a la población LGBTI.