Costa Rica ante OEA: Pensar diferente al gobierno es motivo de criminalización en Nicaragua

Tener un pensamiento distinto al del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua representa un motivo de estigmatización y criminalización.

Al menos esa es la posición que expuso el representante alterno de Costa Rica, Antonio Alarcón, la mañana de este jueves durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (CP-OEA), convocada bajo la presidencia de la embajadora Montserrat Solano para abordar la crisis en el nación vecina del norte.

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"Nada más lejos de la realidad, una realidad que todos los días confirma que el pueblo de Nicaragua sigue sufriendo de represión y persecución, donde los medios de comunicación son acosados, donde los defensores y defensoras de derechos humanos deben huir del país por la persecución del gobierno, donde muchos estudiantes debieron abandonar sus estudios y huir del país por amenazas a sus vidas y las vidas de sus familias, donde médicos y profesores han sido despedidos solo porque atendieron o apoyaron a los manifestantes, donde la protesta pacífica ha sido prohibida, donde pensar diferente al gobierno es motivo de estigmatización y de una posible acusación por terrorismo", manifestó Alarcón.

La representación nacional además hizo un llamado al Estado vecino para que abra las puertas a la colaboración y el diálogo en busca del acatamiento de las recomendaciones que Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) incluyó en su informe, presentado este 27 de diciembre en la sesión por la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Para ello, pidió al Secretaría General de la OEA abocarse a trabajar sobre las sugerencias e identificar una hoja de ruta, de la mano con los responsables del documento que responsabiliza a Ortega, así como a su esposa y vicepresidenta, Rocío Murillo, de cometer crímenes de lesa humanidad en los últimos ocho meses, al reprimir las protestas que exigen la salida de ambos del poder.

"Costa Rica deplora la escalada represiva en Nicaragua y le recuerda al Gobierno de ese país vecino su obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas, así como la innegable necesidad de reabrirse al diálogo", declaró Alarcón.

Durante la exposición de la vicepresidenta de la CIDH, el Consejo Permanente fue informado de una cuarta fase de la represión de parte del régimen, en la que se agudizan las acciones para acallar a las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación a través de tomas por parte de la Policía Nacional a las instalaciones como la del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el sitio Confidencial o el canal 100% Noticias.

A lo anterior se le suman persecuciones, amenazas, detenciones, expulsiones, torturas y asesinatos de voces opositoras al gobierno; entre ellas las nicaragüenses-costarricenses, Ana Quirós -activista enviada al territorio nacional el 26 de noviembre anterior- y Lucía Pineda -periodista encarcelada desde el domingo por terrorismo-.

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"La Comisión llama a los Estados Miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos y los actos de represión que hoy mantiene en una situación crítica el goce y ejercicio de las libertades y derechos de la población nicaragüense, así como a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país", indicó Arosemena de Troitiño.

En el resumen de las investigaciones realizadas por la CIDH hasta su expulsión del país el 19 de diciembre de este año, se extrae que a partir del estallido de las manifestaciones contra Ortega el 18 de abril, se registraron 325 personas fallecidas y más de 2.000 heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; 300 profesionales de la salud despedidos y; al menos, 80 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) expulsados.

Ataques golpistas

El representante de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Carlos Alvarado, señaló que la convocatoria a la sesión extraordinaria para abordar la crisis en su país no es más que un elemento de un plan para sacar al presidente Daniel Ortega del poder, orquestado por Estados Unidos.

Por lo anterior es que el diplomático pidió respeto al gigante norteamericano y a las naciones "subordinadas" a él, de manera que cesen una supuesta injerencia.

Alvarado dijo que el Gobierno estadounidense ha financiado a los grupos opositores que se lanzaron a las calles en el primer semestre del año.

También mencionó que esos grupos, con la ayuda de la prensa, han incitado al odio y al terrorismo en el pueblo pinolero. De hecho, explicó que los allanamientos recientes a medios de comunicación estaban justificados porque tanto Confidencial como 100% Noticias -críticos del oficialismo- habían utilizado información falsa y sin corroborar.