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Costa Rica pide a Nicaragua, una vez más, cesar represión contra manifestantes

​Informe de la CIDH evidenció el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y paramilitares

Costa Rica elevó un nuevo llamado al gobierno de Nicaragua para solicitarse que cese la represión en contra de los manifestantes, a la vez que exhortó a las autoridades de ese país a eliminar el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias.

La reacción del país surgió durante su intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras darse a conocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se evidenciaron estas prácticas.

La canciller y vicepresidenta de la República, Epsy Campbell, reiteró en sus redes sociales el llamado.

La embajadora costarricense ante la OEA, Rita Hernández, instó a Nicaragua a "retomar el camino del diálogo comprometido, ordenado, transparente y urgente, que permita el retorno de la calma y la salida pacífica del conflicto interno".

De acuerdo con el informe presentado por la CIDH este viernes, se evidenció el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, la presencia de grupos paramilitares y grupos de terceros armados.

"A pesar del llamado al cese inmediato a la represión estatal por la propia Comisión, esta no ha sido detenida. Por el contrario, la respuesta represiva ha recrudecido en las últimas semanas, acentuándose la crisis que afecta al país", señaló la entidad.

212 personas fallecidas, 1.337 heridos y 507 detenidos de forma arbitraria es parte del conteo que realizó la Comisión.

Al respecto, Costa Rica respaldó el informe y pidió que se investiguen los actos de violencia de manera inmediata para asegurar el derecho a la verdad.

Otras revelaciones del informe tienen que ver con que Nicaragua incluyó propaganda desconociendo reinvindicaciones sociales y campañas de estigmatización para tachar de "delincuentes" o "vándalos" a aquellas personas que protestan.

La CIDH señaló que la mayoría de personas detenidas en el marco de las manifestaciones habrían sido víctimas de "tratos crueles, inhumanos y degradantes", incluso rozando el umbral de la tortura.

La Comisión advirtió de que las personas defensoras de los derechos humanos y familiares de las víctimas se encuentran en una grave situación de riesgo.