Abogados: decreto presidencial que creó UPAD le “pasa por encima” a la Constitución Política

El decreto presidencial que permitía el acceso a información confidencial de los ciudadanos por parte de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) “le pasa por encima” a lo estipulado en la Constitución Política, coincidieron dos abogados consultados por el programa Nuestra Voz.

“¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un acto del presidente de la República y su ministro… que autoriza pasar por encima del artículo 24 de la Constitución Política y también al artículo 196 del Código Penal que declara delito la divulgación de la información privada confidencial de los costarricenses", aseguró el experto en Derecho Constitucional, Fabián Volio.

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Para el jurista no existe motivo alguno para que un funcionario público quiera acceder a datos privados como el expediente médico, conversaciones telefónicas, cuentas bancarias o declaraciones de renta

“Este es uno de los casos más graves que ha ocurrido en Costa Rica desde la Revolución de 1948 porque puede ser el principio del cambio de Costa Rica, poco a poco, por señales como estas, a un sistema antidemocrático y por eso, creo que nosotros debemos defendernos por las vías legales, de manera pacífica, para que esto no ocurra ni vuelva a ocurrir.

Volio dijo que en los datos personales no deben estar al alcance de todos y mucho menos del Gobierno, ya que la política pública no debe basarse en datos confidenciales, y agregó que con la intención mostrada por el Gobierno pueden darse casos de “persecución política”.

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El abogado penalista, Ewald Acuña, comparte la preocupación de Volio y resalta la ilegalidad del decreto publicado la semana anterior y la intención del acceso a datos confidenciales.

“Es una invasión injustificada e ilegítima por parte del Poder Ejecutivo, al ámbito de los ciudadanos. Esto no es cosa menor.

“El Poder Ejecutivo no ha entendido la gravedad del hecho o está tratando de disminuirlo frente a una evasión de responsabilidad”, manifestó Acuña.

El experto manifestó que no existe ninguna justificación para el acceso a datos confidenciales y que el Gobierno irrespeta la Constitución Política donde se manifiesta claramente que se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.

Acuña reconoce que en el decreto presidencial se realiza un reconocimiento válido y amplio de la necesidad del uso de datos para le diseño de políticas públicas, pero que es erróneo pretender crearlas basándose en datos sensibles.

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“Los datos confidenciales son todos aquellos que solo la persona decide con quien los comparte y con quien no.

“Lo que hay que tener claro es que no se puede bajar el tono a la gravedad del hecho de la absoluta impertinencia del artículo 7 del decreto. Es inadecuado, impertinente y desconocer la realidad constitucional del país. Lo realmente inadecuado fue la pretensión de invadir el ámbito de intimidad de las personas”, agregó Acuña.