Defensor de exgerente del BCR detenido por caso del cemento pedirá revalorar prisión preventiva

La defensa legal del gerente general suspendido del Banco de Costa Rica (BCR), Mario Barrenechea, solicitará la revaloración de los tres meses de prisión preventiva impuestos a raíz de la causa relacionada con el otorgamiento del crédito bancario a favor de la empresa Sinocem.

El abogado Andrés Pérez comentó este martes en el programa Nuestra Voz que el juicio donde se dictó la medida cautelar no fue revisado por la jueza que validó el procedimiento, por lo que solicitaron una audiencia para analizar el caso.

El principal argumento de la defensa es que no se contempló la protección que brinda la Convención Interamericana para la Protección de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, la cual señala que se deben priorizar otras medidas por encima de la prisión preventiva en el caso de esta población. Barrenechea tiene 67 años.

Pérez prevé que la audiencia se lleve a cabo la próxima semana, proceso que es oral y privado entre las partes involucradas.

"La expectativa que tenemos es que se haga una verdadera valoración conforme a los principios de imparcialidad que gobierna en un estado democrático la situación concreta de don Mario Barrenechea, aspecto que considero no ocurrió por parte del Juzgado Penal de San José", señaló el abogado.

Pérez indicó que también se tiene que tomar en cuenta que el estado de salud del gerente suspendido, quien es cardiópata y antes de la detención sufrió un accidente que comprometió su menisco.

El gerente general suspendido ingresó al Centro de Atención Institucional del Adulto Mayor este lunes.

También se les impuso esta medida cautelar a otros funcionarios del BCR. Se trata de Leonardo Acuña, quien sustituía a Barrenechea; del subgerente de Banca Minorista, Marvin Francisco Corrales Barboza; el subgerente de Banca Mayorista, Andrés Víquez Lizano; el gerente corporativo de Riesgo y Control Interno, Gilbert Barrantes Campos; y el director de gestión de créditos de apellidos Ramírez Rodríguez.

A los investigados se les detuvo por supuesto delito de peculado (malversación de fondos). Ellos son cuestionados por la aprobación de dos créditos por $30 millones que otorgaron al empresario Juan Carlos Bolaños.

El importador también fue detenido el viernes anterior y deberá cumplir tres meses de prisión preventiva.