Defensoría apela resolución de Aresep que congela rebaja de 5% en tarifas de bus

Por considerarla perjudicial para la población, la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) recurrió la resolución de la Intendencia de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que congela una rebaja del 4,75% en las tarifas de bus a nivel nacional.

La apelación fue dada a conocer este viernes por el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en un comunicado de prensa, en el que señala hasta siete argumentos expuestos en su recurso contra el freno dispuesto en el fallo RE-0043-IT-2021 del 8 de julio de 2021 al ajuste en el costo del servicio de autobuses, impuesto "hasta tanto las condiciones actuales muestren un cambio positivo en las medidas de restricción de movilización de personas, adoptadas por las autoridades gubernamentales para la contención de la propagación de la covid-19". Esto último se fundamentó en la situación económica y sanitaria que vive el país, enmarcado en la afectación prolongada del sector transporte.

A criterio de la Defensoría, la crisis derivada de la pandemia no solo afecta a los autobuseros, sino a los demás sectores económicos, al tiempo que recalca que el impacto negativo se ha acentuado sobre los sectores más frágiles.

"La Intendencia evade analizar la repercusión y el impacto que una rebaja tarifaria puede tener en la economía de cada una de las personas que utilizan el servicio de transporte público, cuando el país pasa por uno de los niveles de desempleos más graves de nuestra historia", manifestó la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.

Sumado a ello, indica que el Estado adoptó acciones tendientes a disminuir los efectos de las restricciones que han sido aprovechadas por empresas de transporte público, como por ejemplo, la reducción de jornadas de trabajo, suspensiones temporales de contratos laborales, la disminución en el monto del pago del marcho 2020, además de ¢32.200 millones entregados por entidades financieras a compañías del sector.

También se disminuyó el monto del canon a pagar por los autobuseros, se les eximió de la presentación de la evaluación de la calidad efectuado por un ente acreditado y la rebaja en un 60% la operación del servicio en la ruta autorizada, sobre los esquemas operativos autorizados en condiciones típicas.

La Defensoría llamó a la Autoridad Reguladora a velar por la protección del principio "legal de servicio al costo" contemplado en el inciso b) del artículo 3 de su ley, la 7.593. El mismo refiere a armonizar los intereses de los usuarios y de los prestadores del servicio, así como entre las necesidades de estos, el cual limita la fijación tarifaria de los servicios públicos a los costos reales de la prestación, incluido el monto de una utilidad competitiva.

Asimismo, el órgano adscrito al Congreso criticó la fundamentación de la resolución sobre el aparente riesgo de devolución de rutas, desprendido de que seis operadores devolvieron ocho rutas. Sin embargo, la nota de prensa señala que se observó que la motivación de la renuncia a las rutas no pudo ser comprobado toda vez que se debió a una manifestación de los operadores que no fue acreditada con estudios que permitan comprobar si el impacto acaeció a un posible desequilibrio financiero.

Por su parte la Defensoría informó que realizó un estudio de las rutas toda vez que a la fecha no ha recibido quejas o denuncias de usuarios y determinó que de las ocho rutas devueltas, existen seis en las que otros operadores brindan el servicio, dos en las que los operadores originarios aún dan el servicio.

"Lo anterior es un reflejo de que esas rutas son rentables y se encuentran en funcionamiento sin afectación al usuario, por lo que sustentar un inminente riesgo de que los usuarios se queden sin la continuidad del servicio a raíz de la devolución de rutas, no es cierto, dado que el evento ya pasó y los usuarios no se han quedado sin el servicio", subraya el comunicado.

Otras críticas que se hacen tienen que ver con la argumentación de la suspensión por el conteo del volumen de pasajeros.

La Intendencia de Transportes señaló que hizo un muestreo con información suministrada por 92 operadores del servicio pero, de acuerdo con la Defensoría, en su fallo omitió indicar si correspondía a pasajeros totales o solo los pasajeros regulares (sin contar los adultos mayores) o la zona de las rutas.

Agrega que esos datos suministrados por las empresas carecen de algún tipo de validación por parte del órgano.

También fustiga que la Intendencia no expuso las razones o criterios para elegir a los 92 operadores sobre los que hizo el muestreo, cuando estos representan un 39% del total.

La resolución además indica que en un intervalo de tres meses realizó dos rebajas tarifarias en sus ajustes extraordinarias: el primero de 2,65% y el segundo de 4,75%. A criterio de la Autoridad Reguladora, esta situación impactará más aún las finanzas de los autobuseros.

Pero la Defensoría recordó que las razones de esta situación se deriva de la posposición de las audiencias públicas virtuales como mecanismo oficial para la fijación de tarifas. En ese sentido, recalca que la tardanza o ineficiencia de la administración en implementar los protocolos necesarios para la continuidad de sus competencias no puede recargarse negativamente a los ciudadanos.

Además, el órgano auxiliar de la Asamblea señala a la Intendencia de Transportes de omitir intencionalmente referirse a la cantidad de ocasiones en que los usuarios han tenido que ver aumentadas las tarifas por ese tipo de factores externos valorados en las fijaciones extraordinarias, como por ejemplo, el aumento de los combustibles.

Dos días atrás, el intendente de Transporte, Edward Araya Rodríguez, justificó la decisión por la acumulación de los efectos del último año y medio; situación que -aseguró- provocó que los ingresos reportados por los prestadores alcanzaran en mayo su nivel más bajo desde que se declaró estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus.

Antes de la resolución, al 80% de las 3.837 se les realizarían reducciones de entre ¢5 y ¢50; a un 14% entre ¢55 y ¢100; a un 3,6% entre ¢105 y ¢200. Las restantes contemplaban ajustes de entre ¢205 y ¢425.