Demandar y bloquear ​a Uber, DiDi e InDriver en Costa Rica, pide directiva de CTP

La Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) acordó por unanimidad este 19 de marzo solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que entable una demanda formal ordinaria contra las empresas Uber, DiDi e InDriver por promover y brindar "de manera no autorizada" el servicio de transporte remunerado de personas.

Con esto, la cúpula del órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) busca que se resuelva el cierre definitivo y el cese de operaciones de estas compañías en el país.

En el mismo acuerdo la Junta Directiva del Consejo pidió al regulador general de los Servicios Públicos, Roberto Jiménez Gómez, que ordene a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) bloquear en el territorio nacional a las apps de Uber Technologies Inc., Didi Chuxing Technology Co. e InDriver.

Parte de las preocupaciones en la entidad tienen que ver con el riesgo que corren los pasajeros al transportarse en vehículos no autorizados, como por ejemplo aquellos que carecen de pólizas en caso de accidentes o que -a diferencia de un taxi- no han sido sometidos a revisión técnica dos veces en un mismo año, de acuerdo con el director ejecutivo de la entidad, Manuel Vega Villalobos.

"Ha sido reiterada la posición de la institución con respecto a la manera riesgosa en la que se moviliza la ciudadanía en estos vehículos que nos son oficiales, los cuales no sabemos si cuentan con la pólizas y Riteve al día, por ejemplo. Datos que tenemos nos indican que a nivel nacional hay alrededor de unas 50.000 personas se dedican al transporte ilegal, ya sea en automóvil, busetas, microbuses, motocicletas e incluso, algunos autobuses que ya cumplieron su vida útil y se utilizan para la piratería, poniendo en riesgo la integridad de todas las personas", señaló el vocero.

En contraste, existen 11.400 concesionarios de taxi y conductores que se ven afectados por la operación de servicios alternativos.

Registros del Departamento de Administración de Concesiones y Permisos del Consejo arrojan que entre el 2000 y el 2015, a la entidad se devolvieron en promedio 17 placas de taxi por año. Entre 2015 y 2018, esa cifra pasó a 241 placas anuales así como entre el 2018 y 2020 subió a 343. En lo que va del 2021, se devolvieron 30 placas.

La discusión alrededor de las operaciones de Uber, DiDi e InDriver en el país fue llevado a la Junta Directiva por la representante de los taxistas, Leda Mora Morales. El tema se empezó a discutir el 23 de febrero en la sesión ordinaria 15-2021 y fue sometido a discusión mediante una moción.

"Estamos haciendo un llamado vehemente a los dirigentes que representan a las personas que conducen estos vehículos particulares inscritos en las distintas plataformas tecnológicas para brindar este servicio de forma ilegal, que no les ha sido autorizado por este Consejo, de abstenerse de fomentar esta actividad en perjuicio del sector autorizado en esta modalidad", declaró Mora Morales.

La representante además llamó a la Policía de Tránsito y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) a intensificar sus labores de impedir el transporte privado ilegal.

Además de Mora Morales, la Junta Directiva del Consejo de Transporte la integran el viceministro de Obras Públicas y Transportes, Eduardo Brenes Mata; el representante de esa cartera, Rafael Chang Jaén; la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo; el representante de los autobuseros, Asdrúbal Fallas Hernández; la representante de los usuarios, Jessi Vega Méndez; y la representante de los gobiernos locales, Helen Simons Wilson.

La oficina de prensa de la institución confirmó a AmeliaRueda.com que todos estos participaron y votaron a favor del acuerdo sobre las aplicaciones de transporte privado.

Este medio también pidió una reacción a Uber y DiDi, pero al momento de la redacción de este artículo, estas se encontraban en trámite.

Nota del redactor: Esta publicación fue actualizada a las 5:30 p.m. del 19 de marzo de 2021.