Traslado de detenidos y problemas de conexión entre salas atrasan audiencia en caso “Cochinilla"

El traslado de detenidos y un problema de conexión entre las salas en las que se lleva a cabo la audiencia del caso de corrupción policialmente conocido como “Cochinilla”, atrasaron su desarrollo la mañana de este 16 de junio.

La cita estaba programada para arrancar a las 8:00 a.m.; sin embargo, debido a que los imputados que se encontraban en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no habían desayunado para entonces, el inicio se atrasó por hora y media, aproximadamente

“Hubo un atraso en la mañana porque si bien se señaló a las 8:00 de la mañana, no se consideró que a los privados no se les estaba dando desayuno. Entonces los subieron a la sala como a las 9:30 de la mañana. Entonces, luego de un alegato que hicimos los defensores, empezamos como a las 10:00 de la mañana”, relató el abogado Érick Ramírez Barahona, quien defiende a un empresario de apellidos Castro Rodríguez.

Por su parte, el jurista Rodrigo Araya Solano, defensor del gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (CGR), de apellidos Ugalde Rojas, así como de otro encartado de apellidos Cervantes Morales; contó: “Es un problema eterno que hay en la Corte, no es de solo hoy. Prácticamente en todos los casos en los que yo he intervenido, no se hacen los traslados a tiempo porque ellos tienen que llegar aquí, desayunar, almorzar o cenar y esto lo ha dicho la Sala Constitucional. Es un derecho de ellos, pero lo que provoca en audiencias tan grandes es un atraso enorme. Entonces no hay logística que aguante. Yo honestamente estoy creyendo que esta audiencia nos puede llevar hasta el sábado (19 de junio) y cuidado y no hasta el domingo (20)”.

Araya Solano agregó: “La jueza trata de maximizar el horario. Esto no es culpa de la jueza ni mucho menos, tampoco del Juzgado. Esto es propio de esta logística que es gigante”.

Después de unos 45 minutos de avance, se dictó un receso de 30 minutos por problemas técnicos.

“Había un problema en la red y la jueza debe verificar que en todas las salas se escuche perfectamente lo que se está hablando. Y había un problema porque no se escuchaba lo que decía quien estaba haciendo uso de la palabra. La jueza tuvo que verificar eso y llamar a soporte de informática, que dijo que haría una revisión de 30 minutos”, mencionó Ramírez Barahona.

En cambio, Víctor Herrera Flores, representante legal de Herrera Chacón, señaló: “Todos entendemos. En realidad este tipo de audiencias con tanta gente son complejas y suceden imprevistos que no contemplan al Juzgado, como lo sucedido en la mañana, que por temas de desayunos atrasamos hora y media. Ahora se supone que la jueza lo que va a hacer es que va a continuar hasta tipo 1:30 de la tarde para poder aprovechar. Y terminaremos tipo 7:30 de la noche”.

Añadió: “Estamos los colegas preocupados porque esto posiblemente nos va a llevar hasta viernes o sábado porque hasta ahora no hemos podido avanzar mucho. A uno no le gusta hablar de que uno busca privilegios para sus clientes, pero se trata de una situación de hacinamiento ahí abajo (en celdas) y ellos son los que pagan los platos rotos”.

Caso "Cochinilla"

La investigación en cuestión motivó una serie de allanamientos que arrancaron a las 7:00 a.m. del 14 de junio anterior en 57 puntos diferentes, con el objetivo de lograr la detención u obtención de pruebas de 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.

Del total de diligencias, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera y Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP).

El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso -al que se le asignó el expediente 19-000025-1218-PE- se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.

Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.

Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.

El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.