Dos detenidos por presunta venta de respuestas de pruebas de bachillerato en Limón

A los sujetos se les investiga por el presunto delito de concusión y se exponen a una pena de entre dos y ocho años de prisión.

La Fiscalía de Limón, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública realizaron cinco allanamientos en los colegios Bilingüe Experimental de Siquirres, Gilander (Bataán), Venecia (Matina), Matina (Matina) y Cuba Creek (Matina) a las 9 a.m. de este lunes.

Como parte del operativo se decomisaron 14 teléfonos celulares a estudiantes quienes presuntamente habrían pagado entre ¢10 mil y ¢35 mil por las respuestas de los exámenes de bachillerato de Español y Matemática.

De acuerdo con información del Ministerio Público, el delegado de apellido Zapata era quien recogía las pruebas de bachillerato en la delegación de la Fuerza Pública de Matina, llegaba más temprano de lo usual y las trasladaba al colegio. Una vez allí abría las cajas y observaba las pruebas, preparaba las respuestas y las enviaba por mensajes de Whatsapp a un contacto de cada colegio, que se encargaba de cobrar y distribuir las respuestas entre los alumnos.

El presidente Luis Guillermo Solís comentó esta tarde "que como padre de familia y como educador me siento indignado con esta noticia" y se mostró molesto con la situación al afirmar "que me parece el peor ejemplo que le podemos dar a los muchachos".

El MEP confirmó que "se garantiza la transparencia y la continuidad del proceso de evaluación de los estudiantes de último año de secundaria, así como por la seguridad durante la cadena de custodia en las fases bajo la responsabilidad de sus representantes en cada región educativa".

La investigación se inició luego de que la semana anterior una madre de familia hizo llegar la denuncia de la supuesta venta de respuestas de exámenes de bachillerato a la Dirección Regional de Limón, que la elevó al Ministerio Público.

Los dos sujetos detenidos serán procesados por el presunto delito de concusión tipificado en el artículo 348 del Código Penal que establece: "se impondrá prisión de dos a ocho años, al funcionario público que abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial".

Los sospechosos permanecen en celdas judiciales en Limón a la espera de la indagatoria por parte de la Fiscalía y de una audiencia en la que se les solicitará medidas cautelares que todavía no son definidas por el Ministerio Público.

Videos: Florybeth González.