Diputados excluyen la corrupción en proyecto que permitiría arrebatar bienes al crimen organizado

ModificaciónMedida generó molestia en el Instituto sobre Drogas, que prefiere que la iniciativa no se pruebe del todo

La corrupción y el enriquecimiento ilícito quedaron excluidos de la lista de delitos a los que el Estado podría arrebatarles bienes si se llega a aprobar el proyecto de Ley de Extinción de Dominios, ignorando una recomendación de la Corte Suprema de Justicia.

Este martes por la noche, la comisión especial que estudia el expediente 19.571 en la Asamblea Legislativa aprobó -y luego dictaminó- un texto sustitutivo con los votos positivos de Gustavo Viales y Jorge Luis Fonseca, de Liberación Nacional; Pablo Heriberto Abarca, de la Unidad Social Cristiana; Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional; y Zoila Volio, de Integración Nacional.

Los cambios proponen una delimitación de las actuaciones ilícitas a las que se le podrían incautar los bienes, ajustándolas al crimen organizado y narcotráfico. También incorpora el derecho de motivación de resoluciones, establece un periodo de prescripción de 10 años, separa las causas penales de la extinción de dominios, fija sanciones para los curadores que incurran en negligencia, crea una jurisdicción especializada, mantiene la casación y asigna un 40 por ciento de los recursos al Ministerio de Hacienda.

Viales y Abarca, dos de los impulsores de la versión aprobada, defendieron la necesidad de limitar los delitos en los que el Ministerio Público podría emplear el instrumento al asegurar que ya existe suficiente legislación sobre corrupción, como por ejemplo la que tiene que ver con el tráfico de influencias, el cohecho y el deber de probidad.

"Esa amplitud en la actividad ilícita quedaba básicamente a lo que en los sueños se soñara un fiscal y eso no es así, tiene que quedar delimitado", indicó Abarca al hacer uso de la palabra en favor del texto.

Mejor nada

No obstante lo anterior, la modificación no cayó bien en el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), cuyo director, Guillermo Araya, criticó el debilitamiento de la herramienta en su fin de luchar de forma integral contra el crimen organizado como lo establece la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

El funcionario, quien participó en la elaboración del texto propuesto por la Corte junto a la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dijo que con los cambios aplicados se le restan dientes a la normativa. "Es mejor no tener extinción de dominio antes de tener la propuesta tal cual está ahorita", aseveró.

Araya explicó que la versión actual es prácticamente "infactible" de ejecutar a diferencia del documento que se utilizó como base, el -asegura- es "garantista" por haber sido elaborada por técnicos a partir del tratado de Palermo.

El director del ICD adelantó que este jueves él, así como la fiscala Emilia Navas y el director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza, se pronunciarían respecto a la versión del proyecto que será discutida en el Plenario.

El jefe de fracción del oficialista Acción Ciudadana, Víctor Morales, dijo que presentaría un dictamen de minoría con las ideas expuestas desde el Poder Judicial e informó que procuraría hacerle cambios al plan mediante mociones de fondo previamente consensuadas con la oposición.