
Defensa técnica de Carlos Alvarado denuncia "nueva filtración" de datos del expediente
15/02/21 | 12:59pm
La fiscala general Emilia Navas Aparicio se inhibió de la investigación por la aparente filtración de información del caso que ella dirige sobre las operaciones de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
De acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio Público, la decisión de separarse de la pesquisa se dio el 10 de febrero pasado, "inmediatamente después" de que la jerarca solicitara al director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, indagar la supuesta divulgación de elementos del mediático expediente 20-005434-042-PE.
"Se inhibió por objetividad y transparencia, debido a que ella participó en la audiencia de apertura de evidencia donde se conoció información sensible de claves de dispositivos electrónicos que iban a ingresarse", señaló el departamento de comunicaciones del órgano acusador ante la consulta de AmeliaRueda.com.
Precisamente, la investigación que Navas Aparicio pidió a la Policía Judicial gira alrededor de la presunta filtración de la clave del celular del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, una de las ocho personas que figuran como imputados en la causa penal.
Esto luego de que el diputado Dragos Dolanescu Valenciano, quien en su interrogatorio al mandatario ese mismo día en el Plenario de la Asamblea Legislativa, sugirió una de las contraseñas del mandatario momentos después de que hiciera referencia a una noticia, de que el gobernante aparentemente la había olvidado.
De inmediato, Alvarado Quesada respondió al congresista independiente: "Eso demuestra (que tuviera la clave), señor diputado, que usted en su pregunta tiene mala fe. Porque usted aseveró que yo no compartí mis claves y usted sabía que sí las había compartido".
Ese intercambio llevó a las parlamentarias Laura Guido Pérez y Paola Vega Rodríguez, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), así como los abogados del presidente, a denunciar la divulgación de datos que eran parte de una pesquisa penal en curso y que, de acuerdo con el 295 del Código Procesal Penal, son privados para terceros.
También urgieron al Ministerio Público a indagar la presunta filtración. La Fiscalía anunció entonces en un comunicado que solicitó al Organismo "que inicie de forma inmediata una investigación penal, a efectos de determinar la identidad de la persona o personas que facilitaron al señor diputado información privada del expediente".
El día después, Dolanescu Valenciano aclaró que la combinación que indicó en la comparecencia la dio en broma. "Evidentemente era una chota, un sarcasmo... porque esa es la clave de los olvidadizos. Si yo hubiera tenido información realmente de la investigación hubiera sido más preciso con las preguntas, más incisivo", aseveró en conversación con este medio.
Con la inhibitoria de Navas Aparicio, la pesquisa estará a cargo la fiscala subrogante, Criss González Ugalde, a quien por ley le corresponde esa función.
La oficina de prensa del Ministerio Público aclaró que la separación de la fiscala general corresponde únicamente a la nueva investigación y no al expediente principal.
Lea: “Evidentemente era una chota”, dice diputado que reveló clave de celular decomisado a Presidente
Este 15 de febrero, la defensa técnica del presidente Carlos Alvarado Quesada, compuesta por los abogados Rodolfo Brenes Vargas y Róger Guevara Vega, denunció una nueva supuesta filtración de información del expediente seguido contra su cliente por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
Lo anterior luego de que el sitio de noticias CRHoy.com publicara una nota que señala expresamente que tiene copia de un informe de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial, solicitado por la fiscala general Emilia Navas Aparicio.
El documento, según el diario digital, descarta que el Ministerio Público ingresara a los correos decomisados durante una serie de allanamientos a la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) así como en cuatro viviendas particulares, llevados a cabo el 28 de febrero de 2020; como alegaron los juristas y su cliente el 11 de enero anterior, en el inicio de la audiencia de apertura de los aparatos electrónicos que se incautaron en ese operativo.
La publicación señala que las comunicaciones en cuestión mantienen el mismo "Código HASH MDS y SHA 1" -algoritmo criptográfico aplicado a los archivos que garantiza que estos no han sufrido cambios-.y que los los abogados del mandatario "confundieron un ejercicio de inventariado con la revisión de contenido de los correos".
"Reconociendo el interés público de este caso, en honor a la verdad y en señal de respeto a la ciudadanía, debemos aclarar que lo publicado no es cierto. Lo que hemos venido advirtiendo, incluso en una protesta formal que presentamos el pasado 8 de enero, es que el 26 de agosto del 2020, sin informar a la Sala Tercera, ni a las partes, ni a sus abogados, la Fiscalía General realizó la apertura de la evidencia que contenía los correos de todos los investigados, diligencia que permite verificar la correcta cadena de custodia de esta prueba", manifestó en un comunicado Brenes Vargas.
Por su parte, Guevara Vega explicó: "Nunca hemos sostenido que los correos hayan sido analizados o modificados. Eso es algo que no nos consta y que no podemos comprobar. De manera que el informe de la Policía Judicial, según el cual los correos no han sido modificados, no desmiente lo dicho por esta defensa, sea que la apertura de la prueba se hizo sin informar a la Sala Tercera, sin control de ningún juez, y sin nuestra presencia. Lo que hemos dicho, y sostenemos, es tan cierto como que el sol sale cada día".
Navas Aparicio ha rechazado en al menos dos ocasiones el ingreso a los correos electrónicos.
La investigación contra el Alvarado Quesada por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos avanza en la etapa de recopilación de pruebas, que es privada para terceros.
Lea: Fiscala niega haber ingresado a correos del presidente previo a audiencia de caso UPAD
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