Empleados públicos no recibirán anualidades en 2021 y 2022, Gobierno estima ahorrar ¢67.000 millones
El Gobierno propondrá al FMI ir más allá. La intención es suspender el pago hasta por cuatro años.
01/10/20 | 16:19pm
Los empleados del sector público no recibirán el pago de anualidades en 2021 y 2022. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la suspensión de estos pagos, en primero de dos debates, y ahora solo restará la aprobación en segunda instancia para que la decisión quede en firme.
El proyecto había sido propuesto por el Gobierno desde el ocho de abril pasado y sus cálculos estimaban un ahorro de ¢67.000 millones en dos años, según indicó Planificación a AmeliaRueda.com en agosto pasado. Esta cifra representa alrededor de un 0,18% del PIB.
La suspensión la aprobaron 32 diputados de 40 diputados presentes. Únicamente se opusieron los diputados Walter Muñoz y Patricia Villegas, de Integración Nacional (PIN); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Franggi Nicolás y Davig Gourzong, de Liberación Nacional (PLN); Shirey Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano (PRSC); y el independiente Dragos Dolanescu.
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La votación llegó después de varias sesiones marcadas por discursos del frenteamplista Villalta, quien propuso decenas de mociones de reiteración y de revisión para intentar bloquear los rebajos y realizar algunas excepciones, como los trabajadores de salud o de organismos policiales.
No obstante, todas sus intervenciones fueron rechazadas y finalmente se aprobó un texto sin cambios.
El proyecto, que se tramitó bajo el expediente 21.917, dice textualmente que el pago no se reconocerá para todas las personas trabajadoras en instituciones cubiertas por el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública; el cual comprende a la administración central y descentralizada (como instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades).
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La diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), defendió la propuesta por tratarse de una medida temporal y en un sector que "al menos tiene garantizado el empleo". No obstante, subrayó que de nada servirá la medida si se aprueban exoneraciones que se impulsan en corriente legislativa, como un rebajo en el pago del impuesto por la tenencia de vehículos.
Por otra parte, el frenteamplista Villalta, principal opositor de la iniciativa, lamentó que los ahorros buscados por el Ejecutivo se concentren más en medidas de austeridad pública; en lugar de planes que permitan contener incumplimientos fiscales como la aplicación de "renta mundial" que, según dijo, cerraría portillos para acceder a mecanismos de elusión.
Una propuesta temporal
El proyecto que se aprobó es parte de las propuestas de contención del gasto público impulsadas por el Ejecutivo de manera temporal para aliviar las finanzas del Estado en los próximos años; las cuales ya estimaban una diferencia entre gastos e ingresos (sin contar el pago de la deuda) de unos ¢400.000 millones a inicios de año, pero que se ensanchó hasta los ¢1,4 billones solo para este año con la pandemia.
De hecho, el Gobierno señaló la medida como una de las propuestas de estabilidad económica que propondrá al Fondo Monetario Internacional (FMI), en procura de estabilidad económica que le permita acceder a $1.750 millones en financiamiento por tres años.
En dicha propuesta; sin embargo, se indica que la intención es ampliar la suspensión hasta cuatro años, con un rendimiento acumulado del 0,06% del PIB en 2021, de 0,12% del PIB en 2022, del 0,18% del PIB en 2023 y del 0,24% del PIB en 2024.
La suspensión en el pago de anualidades se suma al congelamiento de los salarios en el sector público, cuyos aumentos quedarán suspendidos en tanto la deuda del país supere el 60% de su producción, por mandato legal.
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