Implementar matrimonio gay como pide Corte IDH no requiere del Congreso, según gobierno

reaccionesEjecutivo no ha establecido aún plazos para formular nueva normativa

La opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la implementación del matrimonio homosexual y la garantía de derechos y no discriminación en materia de género garantiza su cumplimiento sin estar supeditado a una aprobación en la Asamblea Legislativa.

El director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, indicó que el Estado costarricense ahora deberá buscar la mejor vía para garantizar a las parejas LGBTI igualdad de garantías patrimoniales y no patrimoniales, y aunque es posible que todo desencadene en una ley, lo cierto es que se abrió la puerta para cualquier figura que garantice estos derechos.

Para ello no hay plazo establecido. Según Carvajal se dedicarán en los próximos días a definir los mecanismos necesarios para hacer cumplir el señalamiento de la Corte.

El abogado explicó que el acatamiento de esta respuesta es vinculante y obligatorio para cualquier institución estatal.

Uno de los aspectos más importantes es que la Corte IDH indicó que los derechos igualitarios para parejas homosexuales incluyen absolutamente todos los que se derivan de una unión de hecho, como por ejemplo, la adopción.

La vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, comentó que llevarán la coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de los señalado por el tribunal internacional.

Aunque no hay un plazo definido, el Poder Ejecutivo se comprometió a cumplir con todas las acciones necesarias antes de que finalice la actual administración, aunque Carvajal aclaró que los gobiernos venideros deben cumplir con el fallo.

La opinión también garantiza el reconocimiento de la identidad de género para las personas transexuales por medio del cambio de nombre.

La respuesta de la Corte no está sujeta a apelación y debe ser acatada, incluso, jurisprudencia de la Sala Constitucional ratifica que lo establecido por este órgano interamericano está por encima del ordenamiento local.