
Señala crecimiento “acelerado” e “inmanejable” en número de privados de libertad incluidos en programa de monitoreo electrónico. falta de capacitación, diferencias internas en la administración del sistema, déficit de personal y debilidad en los registros estadísticos.
24/09/19 | 08:49am
Un informe, encargado por el Ministerio de Justicia y Paz a un consultor internacional, halló serias deficiencias en el sistema de monitoreo de reos con tobilleras electrónicas.
El estudio, del cual Ameliarueda.com tiene copia, señala un crecimiento “acelerado” e “inmanejable” en el número de privados de libertad incluidos en el programa de monitoreo, falta de comunicación entre la Policía Penitenciaria y los funcionarios de trabajo social y psicología que dan apoyo a los convictos, déficit de personal para el control y vigilancia, debilidad en los registros estadísticos y poca capacitación.
Además, revela que no existe una figura gerencial que gestione el sistema de monitoreo, malas condiciones en los espacios de trabajo de los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, quejas por el funcionamiento del software para vigilancia y hasta problemas con los servicios de telecomunicación utilizados para el seguimiento de los reos.
Con respecto a la administración del sistema, el informe acusa falta de coordinación entre el Centro de Monitoreo Electrónico (manejado por la Policía Penitenciaria) y la Unidad de Monitoreo Electrónico (a cargo de la Dirección General de Adaptación Social).
“No es posible que un sistema sobreviva a este nivel de disfuncionalidad. Por lo tanto, es urgente encontrar una forma de unificar las dos estructuras o, como mínimo (quizás insuficiente), coordinar su acción", expresa el informe, elaborado por Nuno Caiado, experto portugués en monitoreo electrónico y servicios de libertad condicional.
El Ministerio de Justicia y Paz omitió enviar a este medio de comunicación los informes previos elaborados por Caiado en los cuales detalla las anomalías mencionadas en el informe final.
El viernes anterior, en una entrevista telefónica, la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, dijo no conocer el detalle del estudio, porque fue encargado en la Administración pasada. Sin embargo, el informe final tiene fecha de noviembre de 2018, cuando ella ya era la jerarca de Justicia.
Sobre la cantidad de personas que laboran monitoreando a los privados de libertad y dando seguimiento y apoyo social, la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz respondió que no puede dar esa información "por razones de seguridad".
En entrevista con este medio, la ministra de Justicia y Paz no logró profundizar en las conclusiones de la consultoría mencionada, ni en los cambios hechos a partir de ella.
En un documento de página y medio, sin fecha y sin firma responsable, el Ministerio de Justicia y Paz envió un "informe" de los ajustes realizados.
El informe realizado por el consultor portugués tuvo un costo de $15.000, los cuales fueron cancelados con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El sistema de monitoreo electrónico por medio de tobilleras inició en febrero de 2017 como una medida alterna a la prisión y una iniciativa para aliviar el hacinamiento de las cárceles nacionales.
No obstante, en los últimos meses el proyecto enfrenta graves problemas como desabastecimiento de tobilleras, denuncias de ausencia de monitoreos y fugas.
La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), proveedor de la tecnología para el monitoreo, denunció días atrás que 596 de los 1.500 convictos con tobilleras permanecían sin control de parte de las autoridades de justicia.
No obstante, el Ministerio de Justicia y Paz desmintió esa situación y calificó la acusación de falsa. Ambas instituciones se encuentran enfrascadas en un lío legal por supuestos incumplimientos de contratos.
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