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Evaluaciones teóricas y psicológicas, proponen expertos para depurar nombramientos de magistrados

​También sugiere un espacio para que ciudadanos puedan manifestar las razones por las cuales consideran que un candidato no es apto para ejercer como alto juez

Incorporar un examen escrito, una evaluación psicológica y otorgar valores numéricos a los atestados, son algunas de las medidas que propuso el miércoles un panel independiente de expertos a los diputados de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de depurar los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El coordinador del grupo de especialistas, Luis Antonio González, explicó la mañana de este lunes en el programa Nuestra Voz parte de la metodología que recomendaron aplicar a partir del momento en el que se instale la nueva Comisión Especial Permanente de Nombramientos. La sugerencia incluye, además de las pruebas anteriores, un espacio para "tachas" en el que la ciudadanía pueda hacer llegar motivos por los que considera que un candidato no es apto para ocupar el máximo cargo del Poder Judicial.

La iniciativa pretende dividir el proceso en cinco fases. En la primera, los aspirantes deberán superar con al menos un 80 una prueba escrita elaborada de forma conjunta por las facultades de Derecho que están acreditadas en el país.

Para la segunda, los postulantes tendrán que superar una evaluación psicológica similar a la que ya se realiza en el Poder Judicial.

El siguiente paso es analizar el currículo y los atestados de la persona, asignando valores cuantitativos a cada una de las experiencias acumuladas. Por ejemplo, diferente será el valor de un juez con diez años en el ejercicio del cargo a uno con 20 años.

Posteriormente, el interesado deberá someterse a una entrevista con las mismas preguntas para todos los concursantes, entre ellas, según mencionó González a modo de explicación, conocer posturas sobre las resoluciones y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), así como su aplicación en la jurisdicción costarricense.

La parte final es un espacio que González llama "las objeciones fundadas" o "tachas", donde los ciudadanos pueden referirse a motivos por los cuales un candidato no es apto para ejercer como alto juez. Los legisladores analizarán cada comentario y lo remitirán al postulante, quien tendrá un plazo de cinco días para hacer su descargo.

De todo el proceso anterior emerge una terna de candidatos idóneos que la comisión recomendará al Plenario para someter a votación el nombramiento.

En la actualidad, el foro legislativo únicamente abre el concurso y vela por el cumplimiento de 32 requisitos, antes de conceder diez minutos de presentación a cada uno de los aspirantes a magistrados. Los congresistas además pueden o no hacer preguntas. A lo igual que en la propuesta, la comisión discute una terna y la recomienda al pleno del Congreso para su respectiva votación.

No obstante, para González al actual trámite le hace falta transparencia, ya que la ciudadanía y medios de comunicación desconocen las razones fundadas por las cuales los diputados se inclinan por un nombramiento u otro. Además, el experto recordó las prácticas de lobby con las que los aspirantes intentan favorecer su candidatura.

El exjuez de la CorteIDH e integrante del panel independiente, Manuel Ventura, añadió la necesidad de que se establezca un perfil profesional para el cargo de magistrado según cada una de las salas de casación, así como una delimitación de la reelección y un aumento de la edad mínima para ocupar el puesto, considerando la magistratura como la culminación de una carrera.

Todos los cambios en el proceso de nombramiento penden de la aprobación de cuatro de los siete miembros de la comisión, según el panel, implementado por el Foro de la Justicia, que a su vez es conformado por organización Costa Rica Íntegra, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Programa Estado de la Nación (PEN), la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), la Maestría en Ciencias Penales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La nueva integración de la Asamblea Legislativa no ha definido aún a quienes conformarán el foro. La presidenta de esa institución, Carolina Hidalgo, dijo el viernes en el espacio radial que ha pedido a los jefes de las siete fracciones variar las propuestas que han enviado para la comisión, ya que sólo el Partido Acción Ciudadana (PAC) impulsó a una mujer como integrante.

Fotografías tomadas de: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).