Costa Rica eximida de pago de $400 millones a Infinito Gold por fracaso de mina Crucitas

El Estado costarricense fue eximido del pago de una indemnización de $400 millones reclamada por la empresa canadiense Infinito Gold Ltd. por la cancelación de la concesión del proyecto minero de cielo abierto Crucitas, en Cutris de San Carlos, Alajuela.

La notificación oficial del laudo arbitral -fallo- se dio este 4 de junio, según lo dio a conocer el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, en sus redes sociales.

Minutos después, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) emitió un comunicado en el que precisa que el Tribunal Arbitral determinó que:

• El país no le denegó justicia al inversionista, ya que los órganos jurisdiccionales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias.
• Es legítimo que Costa Rica se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente; pero, al tomar esa decisión, tenía que considerar la existencia de trámites en curso relacionados a permisos de exploración o explotación minera y resguardar su situación. Al omitir hacerlo, se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a todos los administrados, incluidos los inversionistas.
• A pesar de lo anterior, la compañía no demostró que la omisión indicada le provocara un daño y, por ende, no corresponde que el país cancele indemnización alguna.

"Este ha sido, posiblemente, el caso más complejo enfrentado por Costa Rica en materia de arbitraje de inversión internacional. Ha requerido un enorme esfuerzo y un trabajo tenaz, prolongado por más de siete años, de un equipo interinstitucional e interdisciplinario que, con tesón, asumió el gran desafío de la defensa. El resultado evidencia, una vez más, que los tratados de inversión y la seguridad jurídica que otorgan son sumamente importantes para defender nuestros intereses nacionales. También confirma que las garantías al debido proceso que la legislación costarricense otorga a nacionales y extranjeros por igual, se aplican con efectividad. Felicito al equipo de defensa nacional cuyo trabajo conjunto y coordinado, sin duda, permitió que alcanzáramos esta trascendental conclusión para nuestro país", dijo al respecto el ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano Yamuni.

Por su parte, la titular del Ministerio Ambiente y Energía (Minae), Andrea Meza Murillo, destacó como el Tribunal Arbitral reconoció la legitimidad de que el territorio nacional fuera declarado libre de la minería metálica a cielo abierto.

"Nos dieron la razón en ese punto, y sin duda es un triunfo no tener que indemnizar al inversionista. Reiteramos nuestro respeto al marco jurídico y nacional como forma para la generación de certeza jurídica, aspecto central en los procesos vinculados al desarrollo sostenible. Reconocemos el trabajo profesional, dedicado y serio desplegado por el equipo interdisciplinario que representó al país en este proceso. Seguiremos trabajando en la promoción de la economía del futuro que transciende el enfoque extractivista, y se basa en la innovación, talento humano, en la circularidad y en las soluciones basadas en la naturaleza", destacó la jerarca.

Asimismo, Valenciano Yamuni destacó que "garantizar el respeto de las reglas es esencial para que los inversionistas sigan confiando en nosotros, y generando valiosas oportunidades de trabajo formal y bien remunerado para los costarricenses. También lo es el impulso del desarrollo sostenible, un valor con el que la comunidad inversionista reconoce y asocia la 'marca' de Costa Rica. En estos momentos, en que luchamos sin cansancio por recuperarnos de la crisis pandémica, reactivando nuestra economía y las fuentes de ingreso para nuestra gente, es crítico mantener nuestros altos estándares de protección en ambos campos, para que la recuperación sea mejor, más incluyente, más verde y, por ende, más resiliente. Es precisamente bajo estas convicciones que continuaremos impulsando todos nuestros esfuerzos, siempre identificando áreas de mejora para promover de manera articulada el desarrollo al que aspiramos".

El caso en cuestión fue registrado el 4 de marzo de 2014 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington D.C., Estados Unidos, con base en el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones".

La defensa nacional fue liderada por el Ministerio de Comercio e integrada por personal del despacho ministerial y legal de Ambiente y Energía, además de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Sistema de Áreas de Conservación (Sinac) así como la Dirección de Geología y Minas. También la conformaron la Procuraduría General de la República (PGR), peritos del derecho de finanzas y administrativo y la firma legal internacional Arnold & Porter Kaye Scholer.