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Presidente de la Corte pide retrasar un año más entrada de ley que crea tribunales contra el narco

Monto requerido para funcionamiento de la jurisdicción es de ¢35 mil millones, calcula el magistrado Carlos Chinchilla

La carencia de recursos en la Hacienda Pública llevó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandía, a pedir que se retrase un año más la entrada en vigencia de la ley que crea tribunales especializados contra el crimen organizado.

De acuerdo con el jerarca del Poder Judicial, el ingreso de la nueva integración de la Asamblea Legislativa le permitirá presentar una nueva solicitud, en este caso a su presidenta Carolina Hidalgo Herrera, para que la operación de la ley número 9.481 sea hasta el 2019 y no para el 14 de octubre de 2018, como inicialmente esta previsto.

El anuncio lo realizó Chinchilla la tarde de este miércoles en la conferencia de prensa posterior a la reunión entre las jefaturas de los Supremos Poderes.

"En un momento yo ya había tramitado esta solicitud con la anterior Asamblea Legislativa y ahora vamos a presentar una nueva a la Presidencia de la Asamblea Legislativa para dar un tiempo mayor y que así nosotros nos organicemos en el ámbito propio del financiamiento del presupuesto de 2019", indicó el presidente de la Corte al hacer su balance del encuentro.

Chinchilla explicó que la idea es evitar que la jurisdicción tenga un arranque débil que carezca de recursos para los primeros meses del otro año. La idea, por ende, es atrasar la entrada en vigor para que en el próximo presupuesto se incluya en la tajada del Poder Judicial el equivalente a una tercera parte de lo necesario para el funcionamiento de ley para complementarlo en 2020.

El monto requerido es de ¢35 mil millones, detalló el jerarca. El cálculo inicial fue de ¢5 mil millones.

No obstante, la medida está sujeta a la aprobación del plan fiscal que impulsó el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera para la generación de ingresos frescos a las arcas del Estado, aunado a la reducción del gasto en las entidades públicas. "Es una cuestión logística de recursos económicos que no tenemos pero que sí tenemos interés, mucho interés, en que ya se lleve a cabo", señaló.

El presidente de la Corte aclaró: "El hecho de que retrasemos un año más la posibilidad de entrada en vigencia de la ley que crea la jurisdicción contra el crimen organizado no va a decir que el Poder Judicial deja de prescindir los delitos propios del crimen organizado, para nada, eso se sigue combatiendo, se sigue juzgando y se sigue sentenciando a las personas por crimen organizado. En eso no hay problema alguno".

La Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada fue aprobada el 13 de setiembre de 2017 y establece la creación de juzgados y tribunales especiales para castigar el narcotráfico.

Con la iniciativa se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para dar vida al Juzgado Penal de Delincuencia Organizada, el Tribunal Penal de Delincuencia Organizada y el Tribunal de Apelación de Sentencia de Delincuencia Organizada. La modificación haría necesario el nombramiento de un número aún desconocido de plazas para jueces, fiscales, defensores y personal administrativo.

Estos funcionarios recibirán una remuneración diferenciada de quienes laboran en el sistema penal costarricense, al tiempo que se les dotará de protección especial para el desempeño de su trabajo.

Los jueces de estos tribunales especializados requerirán al menos cinco años de experiencia como jueces penales.

Agravamiento de la crisis fiscal

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, se refirió al planteamiento del magistrado Carlos Chinchilla Sandí ante la consulta de los medios de comunicación, misma que agradeció al considerar que la entrada en vigencia de la nueva legislación podría incrementar el vacío en las finanzas públicas.

"Agradezco profundamente la petición del presidente de la Corte Suprema de Justicia porque en efecto ocupamos: uno, combatir el crimen organizado. Yo en campaña hablé incluso de la importancia de la judicatura especializada, pero hay que ser realistas, necesitamos recursos a través de una reforma fiscal para tener finanzas públicas sanas y así llevar eso a buen puerto, sino no sería realista esa implementación", dijo el mandatario.

También puso a disposición de Chinchilla la posibilidad que tiene el Gobierno de la República para presentar una iniciativa de ley en las sesiones extraordinarias del Congreso, a través del Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

La reunión se realizó este martes pasado el mediodía en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con la presencia de Carlos Alvarado Quesada, Carlos Chinchilla Sandí, Carolina Hidalgo Herrera y Luis Antonio Sobrado González.

Fotografía cortesía del Tribunal Supremo de Elecciones.