Filtración de expediente del caso "Cochinilla" bajo investigación en Fiscalía

La filtración de expediente del caso policialmente conocido como "Cochinilla" está bajo investigación en Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen.

Así lo dio a conocer la mañana de este 28 de junio el fiscal subrogante del escándalo de aparente corrupción en contratos de obras viales, Miguel Ramírez López, durante una conferencia de prensa ofrecida por el Ministerio Público para referirse a las medidas cautelares impuestas dos días atrás a 28 detenidos por la causa.

Por la etapa en la que se encuentra, el expediente 19-000025-1218-PE solo debería estar en manos del cuerpo de fiscales, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, así como por los defensores de los imputados (aproximadamente 25 abogados) y estos últimos, detalló ante la consulta de AmeliaRueda.com el fiscal adjunto de Probidad, Glen Calvo Céspedes. Pese a ello, fragmentos de intervenciones telefónicas realizadas en el caso y extractos de documentos han sido publicados en múltiples medios de comunicación.

Ramírez López señaló que por el momento esta indagación se lleva contra ignorado; es decir, no existen personas individualizadas como posibles responsables.

La filtración de informes y datos contenidos en la causa generaron críticas por parte de juristas intervinientes, entre ellos Érick Ramos Fallas.

"No afecta en nada. El contenido del expediente ya está. (...) Lo que preocupa enormemente es en cuanto a la trazabilidad que tenemos de los casos. Los casos en materia penal son totalmente privados.

"¿Que ocurre? Que en un expediente hay información variada, salen nombres de una persona, de otra, y primero hay que hacer una verificación de la información ¿Qué ocurre? Un expediente fugado por un funcionario o por un tercero provoca una serie de inquietudes a niveles externos, pero procesalmente no", manifestó el fiscal subrogante al ser consultado sobre las implicaciones de la filtración en el proceso.

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Caso "Cochinilla"

La investigación en cuestión motivó una serie de allanamientos que arrancaron a las 7:00 a.m. del 14 de junio anterior en 57 puntos diferentes, con el objetivo de lograr la detención u obtención de pruebas de 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.

Del total de diligencias, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), entre otras.

El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.

Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.

Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.

El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.