Fiscalía de Costa Rica reabre investigación por lavado dinero contra expresidente de Perú

Causa​“Hay diligencias que se habían omitido”, dice Emilia Navas

La fiscala general interina, Emilia Navas Aparicio, ordenó reabrir una investigación por el presunto delito de legitimación de capitales en contra del expresidente de Perú, Alejandro Toledo.

Según informó la oficina de prensa del Ministerio Público, la orden de Navas fue girada este martes, luego de detectar que se deben hacer diligencias de investigación que se omitieron.

El caso del expresidente peruano había sido desestimado en junio del 2015 por el fiscal suspendido Jorge Chavarría, quien se acogerá a su jubilación a partir de diciembre, y trata sobre el movimiento de $17 millones en cuentas bancarias de Costa Rica. Aparentemente, ese dinero sería producto de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

Toledo, quien fue presidente en Perú entre el 2001 y 2006, se encuentra en Estados Unidos, mientras que las autoridades peruanas han pedido su extradición.

"Determinamos que el caso requiere de mayor análisis y que corresponde realizar diligencias de investigación que se habían omitido, a efectos de encontrar elementos de juicio útiles y pertinentes para que la decisión final sea la más atinada", explicó Navas Aparicio en la resolución que se presentó este miércoles al Juzgado Penal de San José.

Además de legitimación de capitales, la Fiscalía General investiga la causa por delitos tributarios, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y peculado.

En el caso en Costa Rica también son investigados la suegra de Toledo, Eva Rosa Fernenbug; el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On; y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman.

"Según la Fiscala General, después del análisis realizado al caso se determinó que existieron delitos contra funcionarios bancarios que debieron investigarse, los cuales, lamentablemente, se encuentran prescritos", añadió la Fiscalía mediante un boletín.

El órgano acusador del Estado añadió que, por tratarse de un caso en investigación, cubierto por el secreto de las actuaciones, no es posible ampliar en otros detalles.