Fracaso en negociación con PLN le complica ruta al Gobierno para ampliar discusión de Reforma Laboral

discusión​Negociar con dos legisladores del PUSC y dos de Renovación Costarricense es la opción que baraja el Ejecutivo para prorrogar discusión de la ley

Luego del fracaso en las negociaciones entre el Gobierno y la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) este martes, la ruta para lograr la ampliación de cuatro años a la discusión legislativa de la Reforma Procesal Laboral se complicó para el presidente Luis Guillermo Solís.

La bancada del PLN y el Gobierno no lograron un acuerdo la noche de este martes tras dos días de negociación, por lo que ahora el Ejecutivo debe buscar los 38 votos necesarios para aprobar la moción de ampliación sin contar con los verdiblancos ni con el cristiano Mario Redondo, que declinaron de dar su apoyo.

Un sondeo hecho la mañana de este martes por AmeliaRueda.com reveló que actualmente el Gobierno tendría 34 votos de los 38 que necesita para lograr la ampliación del plazo a la Reforma Procesal Laboral en el Congreso.

En ese sentido cuenta con el apoyo de los 13 diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), los cuatro del Movimiento Libertario, de Óscar López del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y de Fabricio Alvarado de Restauración Nacional.

Además tendría el beneplácito de los 9 legisladores del Frente Amplio y seis de los ocho congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El apoyo que tendría que negociar el gobierno son con los socialcristianos Rosibel Ramos y Gerardo Vargas, así como con los legisladores de Renovación Costarricense Abelino Esquivel y Gonzalo Ramírez, quienes ya habían apoyado las intenciones del Ejecutivo en la aprobación del presupuesto nacional del próximo año.

La intención del Gobierno es buscar la ampliación del plazo a la Reforma Procesal Laboral por cuatro años más para lograr una discusión más consensuada entre sindicatos, gobierno, diputados y empresarios sin presiones de tiempo, según el viceministro de la Presidencia Daniel Soley.

El otro escenario que debe enfrentar el Gobierno si no se logra la ampliación del plazo a la Reforma Procesal Laboral que vence este sábado 13 de diciembre, es que la decisión de rescatar o enterrar la ley quedará en manos del presidente Luis Guillermo Solís.

Sin acuerdo para prorrogar el plazo a la Reforma, Solís deberá definir si levanta el veto a la ley y se pasa un nuevo proyecto de ley que enmiende los puntos sensibles sobre huelgas y sanciones a empleados que contiene la actual Reforma Procesal Labora; o bien el Mandatario podría decidirse por mantener el veto y archivar la ley.

La Reforma Procesal Laboral fue aprobada en segundo debate el 14 de setiembre del 2012 por los diputados y fue vetada por la expresidenta Laura Chinchilla el 10 de octubre de ese mismo año.

Chinchilla vetó la recién aprobada ley, porque consideró que el texto avala la posibilidad de huelgas en servicios públicos esenciales que afectan la vida, la seguridad y la salud de las personas.

Esta reforma establece procesos abreviados y más ágiles para resolver las diferencias entre trabajadores y patronos en los Juzgados y Tribunales de Trabajo.

El objetivo de estos cambios es acortar el tiempo de las resoluciones civiles y judiciales sobre temas de trabajo para beneficiar al empleado.

La administración Chinchilla aseveró que la Reforma Procesal Laboral impedía al gobierno contratar personal temporal para seguir brindando servicios en hospitales, puertos y servicios públicos esenciales.

El Gobierno argumentó que el veto se debía a que la Reforma Procesal Laboral era contraria a la Constitución Política porque el Estado debe garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales incluso en caso de huelga.

Actualmente existen tres proyectos de ley en la corriente legislativa que pretenden subsanar los puntos señalados por la administración Chinchilla Miranda, para que durante las huelgas en servicios esenciales se pueda contratar personal temporal y para que la aprobación de una huelga se pueda dar por al menos el 50 por ciento de los agremiados a un sindicato y por la mayoría de personas presentes.