Funcionarios que usen ilegalmente bases de datos personales se exponen hasta a 4 años de cárcel
"Esto hay que castigarlo", dice el Fiscal General sobre caso de Keylor Navas
29/10/14 | 08:57am
Los funcionarios que incurren en el delito de violación de datos de personas se exponen a una pena de cárcel de entre dos y cuatro años, explicó el abogado penalista Ewald Acuña, a raíz del caso donde 24 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y cuatro fiscales consultaron información del portero costarricense Keylor Navas, aparentemente sin que haya un proceso penal.
El exjuez considera que hay ausencia de controles éticos en el sistema de consulta de investigación judicial y que en países como México esa información podría ser utilizada para secuestro, extorsión o chantajes.
El Código Penal establece en el artículo 196 que será sancionado con entre dos y tres años a quien en beneficio de un propio o un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin autorización del titular de la información, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, retenga, venda o compre datos de una persona física o jurídica, almacenados en sistemas o redes informáticas.
Cuando esas acciones sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática la pena aumenta hasta los cuatro años.
Para el abogado constitucionalista, Fabián Volio, el derecho a la intimidad "es el derecho de nuestra era" debido a todas las herramientas que existen para conseguir información sobre personas y considera necesario reforzar al máximo el derecho en la Constitución.
Una posición similar tiene el abogado constitucionalista Enrique Rojas Franco, quien manifestó que en este caso es necesario determinar el por qué hicieron la consulta sobre este personaje costarricense del fútbol y para qué motivo.
El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, aseguró que la investigación disciplinaria que se realiza en la Inspección Judicial llegará hasta las últimas consecuencias, incluso señaló que no descarta que exista responsabilidad de los funcionarios a nivel penal.
Chavarría manifestó que este tipo de actitudes hace vulnerable el sistema judicial. "Esto hay que castigarlo", agregó el funcionario.
Los funcionarios judiciales tuvieron acceso a datos restringidos, como movimientos migratorios, datos del Registro Civil, Registro Nacional, juzgados y tribunales civiles, agregó el Fiscal.