Gobierno insiste en pesca de arrastre y convoca proyecto tras revés en Sala IV

El Gobierno de la República insiste en reactivar la pesca de arrastre de camarón y debido ello anunció la mañana de este martes la convocatoria a la agenda extraordinaria de una iniciativa que legalice la práctica en el país, con el objetivo de dar una solución al problema social que vive Puntarenas.

La medida la confirmó a AmeliaRueda.com el viceministro de Asuntos Legislativos, Luis Paulino Mora Lizano, cuatro días después de que un fallo de la Sala Constitucional anulara el acuerdo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) con el que se pretendía otorgar nuevas licencias para la extracción de camarón mediante dicha técnica.

Se trata del proyecto "Ley para el ejercicio sustentable de la pesca semiindustrial camaronera en Costa Rica", el cual tiene como objetivo principal reformar tres incisos del artículo 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Esta iniciativa surgió en el cuatrienio anterior (2010-2014).

La idea del Gobierno, según Mora, es evitar el cese de actividades productivas en el Pacífico.

Sin embargo, a criterio del diputado del Partido Frente Amplio (PFA), José Antonio Ramírez Aguilar, el proyecto no es más que "una venta de humo", pues no cuenta con respaldo científico ni técnico suficiente.

Justamente ese tipo de argumentos son los que exige el Tribunal Constitucional para avalarlo en caso de una consulta, la cual se prevé inminente por su posible impacto ambiental.

Fallo de la Sala

La intención del INCOPESCA de emitir nuevas licencias para la extracción de camarón mediante la técnica de pesca de arrastre quedó enterrada, luego de que la Sala declarara con lugar dos recursos de amparo contra el acuerdo AJDIP/474-2017 del 10 de noviembre del año anterior.

El voto de los magistrados número 2018-004573 además solicita a la junta directiva de la institución y a su presidente ejecutivo, Gustavo Meneses, abstenerse de impulsar nuevamente acciones que llevaron al recurso de amparo.

Si se llega a desobedecer la orden anterior, los funcionario se expondrían a prisión de tres mes a dos años, según el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

INCOPESCA también estará obligado a "tomar las medidas necesarias y oportunas para que se les brinde asistencia socio-económica a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad, que dependan de la pesca de arrastre, mientras no se emita la ley referida en la sentencia 2013-10540 de las 15:50 horas del 7 de agosto de 2013 (que anuló la técnica en principio)".

Al respecto, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura tendrá seis meses para establecer un plan para hacer cumplirlo.