Gobierno: nueva propuesta de recorte por ¢150.000 millones permite a instituciones "seguir operando"

La propuesta de recorte por ¢150.000 millones que presentó el Gobierno este domingo, a través del dictamen de minoría de sus dos diputadas en la Comisión de Asuntos Hacendarios, "afecta" a todos los títulos que componen el presupuesto nacional; sin embargo, los oficialistas aseguran que le permite a todas las instituciones "seguir operando".

Así quedó escrito en el dictamen firmado por de las diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez y Laura Guido; el cual recogió los recortes acordados entre el Ministerio de Hacienda y las entidades involucradas en el presupuesto.

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El Gobierno se había comprometido a enviar esta propuesta de recorte tras argumentar distintas molestias con propuestas de recorte presentadas por diputados de oposición para su análisis en el Congreso, las cuales pretendían alcanzar recortes similares, pero —según estimó el Ejecutivo— hubiesen impedido al sector público garantizar sus operaciones más básicas.

Los recortes propuestos se presentaron casi de manera proporcional entre todos los ministerios, de acuerdo con los ingresos que ya percibían. Por eso, los más afectados (en un 50% del total propuesto) fueron el Ministerio de Educación Pública (MEP), en ¢47.591,8 millones, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en ¢29.556,8 millones.

También se proponen fuertes golpes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en ¢16.199 millones, y al Ministerio de Salud, en ¢12.468,3 millones.

Los recortes a Salud, afirma el proyecto, se concentran en gastos de viaje y transporte relacionados con el programa de control de tabaco, en la subpartida de seguros para vehículos de ese programa y la participación del país en la segunda reunión de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). También se reduce presupuesto para capacitaciones en centros educativos, en mantenimiento y reparación de activos, en la compra de bienes duraderos como hardware e impresoras, y en algunas transferencias municipales para programas educativos.

La propuesta del Ejecutivo es la única que propone un grueso recorte al presupuesto de las que siguen vigentes, pues los diputados de oposición de la Comisión de Asuntos Hacendarios emitieron un dictamen negativo que propone el rechazo del proyecto presentado por el Gobierno. Este es un movimiento meramente político, porque la Asamblea Legislativa tendría que aprobar alguno de los presupuestos propuestos, sea la nueva versión con recortes o la presentada desde un inicio por el Ejecutivo.

Por tipo de gasto, el recorte propuesto se enfoca en transferencias corrientes (34,6%), remuneraciones (22,7%), bienes duraderos (18,8%) transferencias de capital (10,9%) y servicios (10%).

Recorte máximo

Según escribieron los representantes del Gobierno en el dictamen, los recortes que se presentaron "se aproximan al límite de la contención del gasto en materia estrictamente presupuestaria", pero por ahora no amenazan "la operatividad y funcionamiento básico de cada institución".

Cualquier recorte adicional, asegura el texto enviado por Hacienda y firmado por la diputadas Guido y Pérez, implicaría un golpe directo en los servicios fundamentales del Estado y especialmente en aquellos destinados a atender a poblaciones más vulnerables.

"Aquellos esfuerzos adicionales en reducción del presupuesto sin su correspondiente aparejamiento con reformas estructurales, necesariamente implicarán una severa afectación de la capacidad del Estado en cuanto a inversión de capital y el mantenimiento de los servicios fundamentales, en especial a las poblaciones más vulnerabilizadas", concluye la iniciativa.

Los ¢150.000 millones representan un 0,4% del PIB proyectado para 2021. Dicho recorte busca cerrar al menos en parte la brecha entre gastos e ingresos del Gobierno central estimada en un 9,9% de la producción para el próximo año.

Los legisladores de oposición han sido los principales propulsores del recorte presupuestario, pues aseguran que es esencial disminuir las necesidades de endeudamiento del país; cuyo acumulado de la deuda alcanzará un 80,5% de la producción en los próximos 14 meses si no se realizan reformas estructurales en materia de ingreso, gasto o productividad del Estado.