Gonzalo Ramírez debió avisar que informe sobre Solís estaba incompleto, dice director del Congreso

El expresidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez Zamora, debió avisar a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que el informe que remitió a Cuesta de Moras -solicitando la desestimación del exmandatario Luis Guillermo Solís Rivera- estaba incompleto. De esa manera, el plazo para la presentación de recursos de revocatoria no habría empezado a correr y los diputados hubieran podido apelar la decisión.

A esa conclusión llegó el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales Esna, la mañana de este jueves en el programa radiofónico Nuestra Voz, dando a conocer que el documento no poseía la totalidad de folios desde el momento que llegó a sus manos.

De acuerdo con el funcionario, Ramírez convocó a una sesión del Directorio Legislativo para el 30 de abril -último día de labores de la integración 2014-2018- en el que le hizo entrega del informe en un sobre rotulado como "confidencial".

Ayales, en ese entonces, pasó el texto a su encargada de actas, quien descubrió que al texto le faltaban dos páginas.

"Se le pidió a don Gonzalo, insistentemente, que por favor busque el informe completo. Tengo las pruebas donde se le pide a él, donde se reiteradamente se le hace la solicitud y don Gonzalo nos contesta que él no lo tiene, que eso es lo que él tiene", indicó el director ejecutivo.

Una vez que recibe esa respuesta, Ayales solicitó a la actual presidenta de la Asamblea, Carolina Hidalgo Herrera, pedir de nuevo el documento al órgano procurador, pero para ese día, el plazo de apelaciones ya había caducado. Es en ese momento que la congresista del Partido Acción Ciudadana (PAC) se entera de la existencia del texto y que este tenía plazo perentorio, según defiende.

"Yo tampoco tengo porque conocer que había tres días para presentar apelaciones porque el informe es confidencial y yo no tengo ninguna autorización para leerlo ni para abrirlo. Yo no tengo por costumbre leer lo que no me corresponde", justificó el empleado.

Para el 22 de mayo -19 días después de que venciera el plazo- la Procuraduría envió el documento completo y la Dirección Ejecutiva corrió, por orden de Hidalgo, para entregar una copia a cada uno de los legisladores con su respectivo sobre.

"Yo no soy abogado pero creo que el plazo no corre, aunque claro, la Procuraduría puede decir que el informe venía completo, entonces ahora habría que investigar por qué no se entrega completo. Para mí el plazo corre cuando se le entrega a los diputados", añadió Ayales.

Hidalgo abonó que lo que corresponde en esos casos es hacer el señalamiento de que hay algún faltante de información para que se detenga el tiempo y que de esa manera no se valide el plazo. "En este caso, quien tenía que haber indicado si venía incompleto era don Gonzalo, que fue quien tuvo acceso a él como bien lo señala don Antonio. Si las dos se perdieron posteriormente también habría que ver eso. Lo cierto es que don Gonzalo tuvo que haberlo señalado el 26, cuando es que lo recibe, o bien el 30 que es cuando sesiona el Directorio para pedirle a don Antonio que lo reproduzca. En esa sesión tuvo que haber dicho 'se recibió tal documento, viene incompleto, por favor se le solicita a la Procuduría que lo integre', pero eso no fue así", explicó.

Este jueves, el sitio de noticias CRHoy.com dio a conocer el vencimiento del periodo de apelaciones -estipulado en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública- en medio de "secretismos" por parte de Ramírez y su sucesora, señalada de ser cercana al exmandatario.

La acusación que pesaba contra Solís fue planteada por una comisión especial investigadora de la Asamblea Legislativa del cuatrenio pasado.

El foro señaló al expresidente de faltar al deber de probidad (honradez y transparencia) al presionar -según sus propias conclusiones- a través del ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez Garro, para que se acelerara el desalmacenaje de cemento traído desde China.

La Procuraduría argumentó, al desestimar la denuncia contra Solís, que no había suficiente prueba para demostrar el interés de este en que se facilitara el desalmacenaje y nacionalización del cemento.

El empresario importador de ese producto, Juan Carlos Bolaños Rojas, actualmente descuenta prisión preventiva investigado por peculado.

También, la forma en que se otorgaron los millonarios créditos para la importación del cemento ha sido objeto de investigación tanto por la comisión legislativa como por el Ministerio Público.

Fotografía tomada del perfil de Facebook de Gonzalo Ramírez Zamora.