Miembros de grupo involucrado con bombas caseras se hacían llamar "terroristas patrióticos"

El Organismo de Investigación (OIJ) asegura que las siete personas detenidas este martes como sospechosos de colocar explosivos caseros frente a la Asamblea Legislativa y Teletica conforman un "grupo criminal" que se auto denomina como "terroristas patrióticos" y "terroristas criollos".

Según la policía judicial, para lograr su captura se investigaron tres hechos concretos, la detonación de un explosivo frente a la Asamblea Legislativa el pasado 26 de junio y otra explosión frente a Teletica el pasado 27 de julio.

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También, se investigó el decomiso de dos bombas caseras que uno de los detenidos transportaba el pasado 14 de setiembre en un bus que venía desde la zona sur del país hasta Cartago y que, se cree, iban a ser detonadas en los actos públicos del 15 de setiembre en el Parque Nacional, donde participaba el presidente de la República.

"Fue un hecho que ocurrió el 14 de setiembre en el sector de El Guarco de Cartago y que consistió en el decomiso de dos aparatos explosivos que el grupo criminal transportaba en un autobús, estaban activados, tenían un temporizador y eran muy semejantes a los que se habían construido e instalado en las afueras de canal 7.

"Sin embargo, en estos dos aparatos se tenía una condición distinta y es que les habían colocado metralla. Metralla significa algún agregado que potencia la capacidad dañosa y que genera más expansión y que ante eventos de explosión puede generar heridas o muerte", explicó el director del OIJ, Walter Espinoza.

Según los peritos judiciales, las bombas decomisadas tienen un nivel de expansión de hasta 300 metros, y su detonación puede causar heridas y hasta la muerte.

Detenidos

El grupo detenido este martes esta conformado por seis hombres involucrados con la confección y detonación de bombas caseras. Incluso, durante los allanamientos se encontraron materiales que se utilizan para su elaboración.

Tres primos hermanos de Pérez Zeledón eran los encargados de confeccionar las bombas y realizar su colocación, también se tiene otros miembros encargados de planear las estrategias.

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Entre los líderes se identificó a un abogado llamado Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, un expolicía que de manera constante se dedicaba a realizar llamados de protesta contra el Gobierno.

Incluso, el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Eduardo Trejos, confirmó que se tenía un expediente abierto en su contra desde el 2015 por amenazas que había realizado en redes sociales.

Los otros detenidos son de apellidos Navarro Naranjo de 20 años, Calderón Navarro de 23, Borbón Navarro de 27, Sandoval Alvarado de 34 y Ureña Wong de 51 años.

A este grupo, se suma la captura de una educadora de apellidos Fernández Castro, investigada por divulgar audios con llamados a la violencia en contra del presidente de la República y los medios de comunicación. Ella no estaba directamente vinculada con la "banda criminal", sin embargo, se investiga su relación con ellos. La funcionaria se encuentra suspendida del cargo y tiene una investigación administrativa.

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Delitos

La fiscala general, Emilia Navas, dijo que a los siete detenidos de este martes se les acusa de tres delitos diferentes.

A cinco de ellos se les atribuye el delito de incendio o explosión, del cual tiene penas de entre 5 y 20 años de cárcel.

A otro de los involucrados se le investiga por la fabricación o tenencia de materiales explosivos cuya pena es de 4 a 8 años de cárcel.

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En el caso de la educadora detenida, a ella se le acusa de apoyo y servicios para el terrorismo, delito sancionado con penas de entre 6 y 10 años de cárcel.

Para lograr las detenciones se hicieron siete allanamientos, realizados en Cartago, Palmar Norte, Río Claro de Golfito, Pérez Zeledón, Guadalupe y Sabanilla.