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Guía del "cementazo": ¿cómo llegamos​ ahí?

​En 2015 una denuncia anónima ante el Ministerio Público acusa a los diputados Víctor Morales y Otto Guevara, 

Un magistrado, un letrado y un fiscal suspendidos, una fiscala subrogante que dejó el cargo y una junta directiva bancaria separada de su cargo. Las investigaciones en torno al caso de la importación de cemento chino avanzan al tiempo que distintas entidades toman acciones que dejan sendas heridas especialmente en el Poder Judicial y la banca estatal.

Las últimas semanas han sido especialmente movidas en torno al caso. Primero, el Poder Ejecutivo removió a la junta directiva del Banco de Costa Rica mientras realizan las investigaciones en torno al otorgamiento de un crédito en favor de Juan Carlos Bolaños.

Posteriormente, la última semana la Corte Suprema de Justicia suspendió al fiscal general Jorge Chavarría cuestionado por su poca proactividad en las investigaciones. Misma suerte tuvo el magistrado Celso Gamboa y su letrado Justo Pastor.

¿Cómo llegamos ahí?

En 2015 una denuncia anónima ante el Ministerio Público acusa a los diputados Víctor Morales y Otto Guevara, así como al exlegislador Walter Céspedes, de tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Bolaños, para la importación de cemento desde China.

La Fiscalía abrió una investigación, la cual por tratarse de miembros de los Supremos Poderes se pasó a la Sala Tercera.

Luego de dos años de investigaciones, el Ministerio Público no llega a datos concluyentes y la Sala Tercera desestima el caso el 20 de febrero a recomendación de la Fiscalía.

Esto a pesar de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recopiló más de mil llamadas y mensajes entre los implicados. Una investigación del Semanario Universidad revela este dato, a lo cual el fiscal Jorge Chavarría dice posteriormente en el programa Nuestra Voz que le ocultaron información, lo cual da pie a su suspensión.

En junio de este año, la prensa denuncia supuestas irregularidades en el otorgamiento de un crédito de $20 millones del BCR para que el empresario Bolaños traiga cemento de China, conocido como ‘cementazo’.

Diputados y sectores gremiales del Poder Judicial critican públicamente a la Fiscalía.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchila, pide al Tribunal de Inspección Judicial abrir una investigación contra el fiscal general Jorge Chavarría.

El 19 de setiembre del 2017, el Fiscal General asegura que, aunque cerrada, la causa sigue bajo investigación, pero que carecen de elementos probatorios para determinar un delito.

El 2 de octubre, tras recibir un oficio del OIJ, Chinchilla pide a la Inspección separar al Fiscal General del caso del cemento.

El 3 de octubre, ante la aparición de nuevas pruebas, Chavarría pide a la Sala Tercera reabrir la investigación que había desestimado ocho meses antes.

El 9 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción reabre la causa contra el empresario Juan Carlos Bolaños.

Una investigación del Semanario Universidad revela el 11 de octubre que el Ministerio Público ocultó pruebas que implican a diputados en el caso del cemento chino.

Ese mismo día, Chavarría informa de la renuncia de la fiscal subrogante y asegura que él seguirá al frente de la investigación.

Horas después, con 14 votos a favor, la Corte Plena separa al Fiscal General del caso del cemento importado de China.