ICE demanda a Sutel por ¢17.255 millones por presunta incongruencia en tarifas

contencioso​Hay una diferencia entre lo que se autorizó cobrar al usuario y lo que se le cobra a los operadores, según entidad.

Debido a presuntas incongruencias con las tarifas de telefonía celular, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo en contra de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

En el proceso, el ICE reclama el pago de ¢17.255 millones correspondientes al monto que calcula ha dejado de percibir entre noviembre de 2011 y junio del año pasado, debido a las inconsistencias.

Mediante un comunicado de prensa este viernes, la entidad confirmó la presentación de la demanda el miércoles pasado, alegando que existe una distorsión entre las tarifas que se le cobra a los usuarios y las tarifas de interconexión aprobadas por la Sutel.

La tarifa de interconexión es la que se establece entre dos operadores distintos a la hora de que un usuario realiza una llamada a una línea telefónica de una empresa distinta a la cual pertenece su número.

En ese sentido, el ICE asegura que basó su reclamo en la resolución RCS-088-2015 de la Sutel, en la cual el órgano regulador de las telecomunicaciones establece para el ICE un costo de ¢17,95 por originar la llamada y otros ¢17,95 por culminarla o recibirla. Esto da un total de ¢35,9 por cada minuto.

Sin embargo, según el Instituto la tarifa autorizada para el usuario final está fijada en ¢29,49 en telefonía prepago y en ¢30 por minuto postpago.

"La Sutel reconoce tácitamente que las tarifas máximas de usuario final están por debajo en ¢5,9 del costo de originar y terminar una llamada de telefonía móvil", explicó José Luis Navarro, director de Relaciones Regulatorias de la entidad.


Con estas cifras, la entidad calcula ¢15.644 millones en pérdidas y ¢1.611 millones por intereses.

"Los daños y perjuicios ocasionados al ICE y a los otros operadores son producto de la fijación tarifaria de la Sutel en 2009", agregó Navarro.

El caso deberá ser ahora analizado por el Tribunal Contencioso Administrativo, el que a final de cuentas será el que determine si la entidad tiene razón en su reclamo.