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ICE alega parcialidad de juez y pide nulidad de millonaria condena

Instituto acude a Sala Primera en intento por revertir resultado de arbitraje por $112 millones a empresa italiana

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentó el pasado 15 de deciembre un recurso ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para anular un proceso de arbitraje perdido que obliga a la entidad pública a pagar al menos $112 millones por sobrecostos a la constructora del Proyecto Hidroeléctrico Chucás, en Atenas de Alajuela.

La acción se fundamenta en supuestos nexos por parte del presidente del Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA) con la empresa demandante, En el Green Power Costa Rica, originaria de Italia.

Para sustentar lo anterior, el Instituto se basa en la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. El artículo 25 de la normativa dispone que los árbitros no deben tener nexo alguno con las partes o sus apoderados y abogados. Esto último para poner a salvo el necesario deber ético y moral por eventuales conflictos de interés; además, el artículo 67 indica que procede el recurso de nulidad cuando se haya violado el debido proceso.

"El deber del Presidente del Tribunal, por su relación con la parte actora en este arbitraje derivado del contrato de venta de energía del PH Chucás, era el obligado a inhibirse de participar, lo cual no hizo, y por lo tanto incurrió en violación a los deberes legales, éticos y morales que así se lo impone", indicó el ICE la tarde de este martes por medio de un comunicado de prensa.

La disputa se remonta al 2015 por un sobrecosto de $147 millones en la construcción de la planta de 50 megavotios situada sobre el río Tárcoles, debido a inundaciones y deslizamientos que obligaron a la suspensión de las obras, aún no terminadas, por tres meses.

El laudo (resolución del arbitraje) del CICA, adscrito a la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham), coloca al ICE como el responsable del aumento, pero este se escuda en que la modalidad del contrato con la empresa italiana, de Construir, Operar y Transferir, limitaría sus acciones a la adquisición de la energía generada, excluyéndose de toda responsabilidad sobre costos adicionales de construcción.

Originalmente, el proyecto hidroeléctrico debía haberse construido en tres años por un costo de $107,6 millones, según la licitación pública internacional 2006 LI-000043-PROV, acordada en 2011.