Impuesto al agua establecido en plan fiscal puede "afectar​ su acceso y poner en peligro salud"

Un informe del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa fue obviado por los diputados que integraron la comisión que analizó el proyecto de reforma fiscal y decidieron seguir adelante con el cobro de un impuesto al agua.

Esto a pesar de que el documento, presentado al Congreso en marzo, indica que se trata de un "bien esencial para la vida, un bien que no es comercializable", por lo tanto establecer un impuesto podría afectar considerablemente su acceso y, por tanto, poner en peligro el derecho a la salud, constitucionalmente consagrado en el artículo 21 de la Carta Magna".

El proyecto de ley de reforma fiscal, que se tramita bajo expediente 20.580, establece en el inciso 8 del artículo 8, relacionado con las exenciones, que solo se librarán del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el caso de la venta o entrega de agua residencial siempre que el consumo mensual sea menor a los 30 metros cúbicos mensuales. El cobro se efectuará sobre el monto total de la factura.

El consumo promedio para una vivienda costarricense compuesta por cinco ocupantes es de 24 metros cúbicos, según cálculos de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

La lógica, según los defensores de esta medida, es desestimular el desperdicio y promover un pago adecuado especialmente para los grandes consumidores.

Varios legisladores se han mostrado en contra de la iniciativa. De hecho, este miércoles los representantes del Frente Amplio, Restauración Nacional y el Movimiento Libertario presentaron dictámenes de minoría al proyecto, consideran que se deben realizar cambios y que el proceso ha sido atropellado, lo cual no da tiempo de analizar con profundidad situaciones como éstas.

"El Presidente (Solís) debería retirar este proyecto y permitir que sean los diputados electos los que usen el poder de enmienda", dijo la representante de Restauración Alexandra Loría.

Edgardo Araya, del Frente Amplio, dijo por su parte que el tiempo para ver el proyecto prácticamente se acabó, por lo que los siguientes diputados serán los que tengan la opción de simplemente aprobarlo o rechazarlo.

"Estoy totalmente convencido de que debe haber una discusión más pausada, tienen todo el derecho los diputados de la próxima Asamblea de pedir un espacio para decir algo... hay cosas que no han tenido tiempo el sector empresarial y el sindical por ejemplo de verlo con calma y ese es el problema de estos atropellos", dijo Araya.

Los diputados iniciaron este miércoles el primero de dos días de plazo para recibir propuestas de enmienda al proyecto. Al mediodía de este miércoles se cierra el primer plazo y después de ello los diputados tendrán este jueves durante la sesión de la tarde para hacerlo. Estas mociones serán analizadas en una comisión especial luego de lo cual la iniciativa debe entrar a su periodo de discusión y votación en el plenario.

Entre otras cosas el proyecto transforma el impuesto de ventas en un IVA del 13%, salvo algunas excepciones con menor tasa, tales como educación y salud. También establece el pago de rentas en temas como pensiones, uno de los aspectos que más genera anticuerpos y que desean cambiar los diputados, así como la obligatoriedad de pagar un impuesto por servicios pagados en el extranjero con tarjeta.