Por "inconvenientes legales", Defensoría deja proyecto para prevención del VIH; Salud se lamenta

La Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) dio por concluida su participación en una iniciativa de prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que provoca el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), al aducir inconvenientes legales así como reducciones presupuestarias con motivo del estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus.

Esta salida del ente auxiliar de la Asamblea Legislativa del "Costa Rica: transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico" consta en en el oficio DH-0199-2021 -de la cual AmeliaRueda.com tiene copia- remitido el 11 de febrero anterior por la defensora Catalina Crespo Sancho a la viceministra de Salud y presidenta del Consejo Nacional de la Atención Integral del VIH-SIDA (Conasida), Alejandra Acuña Navarro.

Sin embargo, la decisión fue dada a conocer hasta este el 22 de febrero pasado por el podcast "Positivxs" -trata sobre el VIH desde la experiencia diaria- mediante una publicación en sus redes sociales, a la que Crespo Sancho respondió y confirmó la salida del proyecto de la institución que lidera, al tiempo que negó que esa determinación afecte la continuidad de la iniciativa.

Un día después y a través de un comunicado, la Defensoría explicó que la conclusión del convenio firmado con la organización no gubernamental Hivos -que funge como receptor de los recursos asignados a Costa Rica por el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria- responde a reiterados criterios de su Departamento Legal, que señalan "inconvenientes de naturaleza legales y jurídicos" en el rol del ente en la iniciativa.

"La participación de la institución encuadra dentro de las que típicamente se definen como funciones de la administración activa; dicho en otras palabras, una participación que podría significar que la institución funja como 'juez y parte', ante la eventualidad de conocer denuncias contra el funcionamiento del proyecto, en las que se pudieran ver en entredicho los intereses y derechos de los y las habitantes", menciona la nota de prensa.

En el reporte, el órgano auxiliar del Congreso se compromete a continuar con la "fiscalización y el control de la legalidad a efectos de que los objetivos que procuran favorecer a la población meta, sean una realidad a través de la participación de los actores institucionales, que sí ejercen por mandato propio la administración activa de cara a los requerimientos del proyecto para su pleno cumplimiento".

La Defensoría sostuvo que su autonomía e independencia -dispuesto en el artículo 1 de su ley orgánica- reside en el mandato legal que le impone funciones de control y no ejecución.

No obstante, esos argumentos no fueron incluidos en el documento enviado a Acuña Navarro. Más bien, en la carta, Crespo Sancho argumenta una "precariedad de la situación presupuestaria", antes comunicar que la se acogía a la cláusula de vigencia señala en el acuerdo con Hivos, que establece: "(...) se renovará automáticamente en tanto exista disponibilidad presupuestaria y alguna de las partes no exprese por escrito su deseo de darlo por terminado".

Las dificultades en cuanto a recursos del ente sí fueron abordados en el comunicado de este 23 de febrero. "Otro elemento que pesó en la decisión fue la reducción del presupuesto institucional", indica la nota de prensa.

Ofrecimientos y lamentos

El 17 de febrero, mediante el oficio MS-DM-1609-2021 -en poder de este medio-, la viceministra de Salud, Alejandra Acuña Navarro, le externó a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Navarro, la posibilidad de destinar recursos subvencionados por el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria con tal de frustrar la salida de la iniciativa por parte del órgano auxiliar de la Asamblea .

"Le solicito considerar la posibilidad de continuar con el apoyo de la Defensoría en el proyecto país, de forma tal que reciba el soporte financiero para sufragar gastos que se han visto afectados por el recorte al presupuesto ordinario 2021, y así, se pueda continuar con el apoyo de la institución hasta el año 2024 en favor de los derechos de las personas que viven con VIH y poblaciones claves", expresa la misiva.

Durante una entrevista telefónica con AmeliaRueda.com, realizada este 23 de febrero, la también presidenta del Consejo de la Atención Integral del VIH-SIDA reiteró su posición y se mostró extrañada sobre los "inconvenientes de naturaleza legales y jurídicos" aducidos por la Defensoría en su comunicado.

"Sí sigo lamentándolo porque la Defensoría es la que nos puede apoyar y puede apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a las poblaciones en la defensa de sus derechos. Yo tengo la duda de si la Defensoría va a seguir atendiendo la parte del convenio jurídico, va a seguir atendiendo el tema de las denuncias y si siempre las vamos a atender a través de la Defensoría", mencionó Acuña Navarro.

Hivos, a través de la directora de la iniciativa, Laura Sánchez Calvo, destacó la importancia de la participación del ente auxiliar del Congreso y mostró su deseo que este continúe con su rol.

"Tal como lo expresó Hivos, en su nota de respuesta a la defensora, la participación de esta institución en el proyecto ha sido muy estratégica y nos encantaría poder seguir contando con su participación. Sin embargo, respetamos la decisión y la autonomía de la Defensoría de terminar el convenio que tienen con Hivos", indicó por escrito la vocera a este medio.

Asimismo, en la misma línea en la que se pronunció Crespo Sancho, Sánchez Calvo aclaró que la decisión de la institución no afecta la continuidad de la iniciativa.

"Costa Rica: transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico" tiene como objetivo asegurar el incremento de recursos locales y la sostenibilidad de un modelo de prevención del VIH en poblaciones vulnerables como los hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y mujeres.

Lo anterior mediante aumentos en el financiamiento destinado a la sociedad civil y poblaciones clave, la consolidación de mecanismos de protección, cumplimiento y respeto de los derechos humanos de personas con VIH.

Para tal fin, el Fondo Mundial realizó al país dos desembolsos por $4,8 millones en 2015 (primera fase, del 1° de julio de 2015 al 30 de junio de 2018) y $2,1 en 2018 (1° de julio de 2018 al 30 de junio de 2021); además tiene programado realizar un último giro a medidos de 2021, para la última fase de la iniciativa que se extenderá hasta el 2024.

Nota del redactor: Esta publicación fue ampliada a las 6:00 p.m. de este 23 de febrero de 2021 con respuesta de la directora del proyecto "Costa Rica: transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico", Laura Sánchez Calvo.