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Indígenas acuerdan mecanismo de consulta para aprobar o rechazar proyectos del gobierno

​Obras viales, acueductos, proyectos de vivienda y otras iniciativas deberán pasar primero por este proceso

Cualquier proyecto que impacte positiva o negativamente a la población indígena costarricense deberá contar primero con el respaldo de ellos.

Este sábado se aprobó el mecanismo general de consulta para pueblos indígenas luego de que se llegara a un consenso en un segundo encuentro nacional que contó con representación de delegados de 22 de los 24 territorios distribuidos en todo el país.

La viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga, señaló que este acuerdo se logró luego de dos años de visitas a las comunidades donde sumaron reuniones con más de cinco mil personas para la construcción del instrumento.

Desde 1993, Costa Rica suscribió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual obliga al Estado a idear los mecanismos de consulta necesarios con los pueblos indígenas antes desarrollar un proyecto. Sin embargo, hasta la fecha no existía una herramienta para hacer cumplir esa disposición.

Con el instrumento suscrito este sábado cualquier iniciativa, por ejemplo, la construcción de obra pública, acueductos, iniciativas de ley que impacten a este sector de la población, proyectos de vivienda, entre otros, deberán pasar por el tamiz de las comunidades indígenas.

"Esas normas generales no habían tenido durante todos estos años un reglamento, un protocolo, un paso a paso que le permitiera tanto a los pueblos indígenas como al Estado costarricense entender cómo tiene que ser su relación", explicó la viceministra de la Presidencia.

La Sala Constitucional ya había hecho varios llamados en el pasado a las instituciones públicas sobre la necesidad de implementar un mecanismo de consulta, uno de los casos más conocidos fue el del proyecto Diquís, el cual llevó adelante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sin pasar por el procedimiento adecuado con la población originaria de los territorios.

"En palabras simples vamos a tener una herramienta que va a garantizar a los pueblos indígenas que cualquier proyecto, medida, actividad, política pública que el Estado quiera promover en sus territorios, particularmente el Poder Ejecutivo, tiene la obligatoriedad de pasar por un proceso de consulta donde ya hay pasos claros y no se puede justificar no hacerla. Esto empodera muchísimo a los pueblos indígenas porque además se convierte en herramienta de diálogo", argumentó Zúñiga.

En mayo del año anterior ya se había llevado a cabo un primer encuentro para concretar el instrumento, sin embargo, fue necesaria una serie de ajustes para concretarlo. De ese proceso surgió la comisión redactora indígena encargada de participar en la construcción del documento final que será publicado en forma decreto ejecutivo.

Zúñiga señaló que al tratarse de una directriz presidencial solo cobija al gobierno central, sin embargo, se hace una excitativa en el mismo para que otras instancias descentralizadas y municipales utilicen la herramienta para las consultas respectivas.

En Costa Rica hay ocho pueblos indígenas (Bribri, Brunca, Cabécar, Chorotega, Huetár, Maleku, Ngäbe y Teribe) distribuidos en 24 territorios.

Fotografía cortesía de Casa Presidencial.