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Inhibitorias de magistrados impiden resolver consulta sobre reforma a pensiones del Poder Judicial

​Dos diputadas cuestionan la duración del proceso

Una serie de inhibitorias que presentaron magistrados de la Sala Constitucional, son la causa de que no se haya podido resolver la consulta realizada por la Asamblea Legislativa sobre la reforma a las pensiones del Poder Judicial.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Cruz, salió al paso de reclamos que han hecho las diputadas Sandra Piszk, de Liberación Nacional, y Marcela Guerrero, de Acción Ciudadana, por no tener una respuesta a dicha consulta al proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso, en primer debate, en octubre del 2017.

La reforma que los asambleístas aprobaron impone un tope de máximo ¢4 millones a las pensiones, ya que en la actualidad hay unas que superan los ¢9 millones. También busca que los funcionarios judiciales coticen un 13 por ciento de su salario y no un 11, como actualmente lo hacen.

De igual manera, la edad para jubilarse sube de 60 años a 65.

Cruz aseguró que no se está maniobrando para que el proceso se atrase, sino que una sucesión de inhibiciones son las responsables de que no se haya podido constituir el tribunal al que le corresponde analizar el expediente y consigo culminar el proceso.

"No se ha podido constituir porque hay una sucesión de excusas de los magistrados que son nombrados, primero los titulares nos excusamos porque no podemos conocerlo por razones obvias para no resolverlo nosotros, y luego los 14 magistrados suplentes todos se han ido excusando", detalló Cruz.

Además, en diciembre el proceso quedo en suspenso porque el nombramiento de los magistrados suplentes se venció y esto se prolongó hasta enero, de manera que fue un obstáculo más, apuntó.

Por esa razón, hasta que no se conforme el tribunal, no se podrá ver si es constitucional o no la reforma a la Ley de Pensiones del Poder Judicial que aprobó el Congreso el 30 de octubre del 2017.

Ambas congresistas, Piszk y Guerrero, pidieron una pronta respuesta a la consulta de constitucionalidad que hizo el Plenario el 1 de noviembre del 2017, porque para ellas es inconcebible que la institución haya durado más de más de tres meses con el documento sin avanzar.

Esto lo argumentaron bajo el artículo 101 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el cual señala que la Sala tiene que evacuar la duda de los diputados en el mes siguiente al que recibió el documento y en este caso se envió desde el 1 de noviembre del 2017.

Sin embargo, el magistrados explicó que ese mes empieza a correr cuando se conforma el tribunal.

Asimismo, el 6 de febrero, la Sala Constitucional envió una nota a la diputada Piszk, en la cual los magistrados le explicaron el detalle de los magistrados que se inhibieron e indicaron: "Como puede ver, existe una sucesión extensa de inhibitorias y de sorteos que se ha dado en estricto apego de la ley, atendiendo la naturaleza y contenido del asunto consultado, siendo que aún está pendiente de conformarse el Tribunal que conocerá del asunto de manera definitiva".

El documento, firmado por los magistrados propietarios agregó: "Mientras no esté definitivamente integrado el Tribunal Constitucional que conocerá de la consulta legislativa, no es posible requerir el expediente legislativa".