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Jefe del OIJ: Un Consejo Superior que pretenda que rinda cuentas está invadiendo mi esfera funcional

​Director Walter Espinoza asegura haber perdido a 15 funcionarios que participaban en las investigaciones del cemento chino, Yanber e Infocoop

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza Espinoza, arremetió este martes contra el Consejo Superior del Poder Judicial al señalar que esta entidad invadió su esfera funcional y la del cuerpo policial que comanda al solicitar que rinda cuentas sobre el uso que le dieron a seis plazas extraordinarias de peritos y sobre el estado en el que se encuentran sus pesquisas.

Al jerarca le bastaron apenas unas horas para reaccionar al comunicado de prensa en el que el órgano administrativo informaba que la Policía Judicial utilizó a esos funcionarios en investigaciones diferentes a las que inicialmente fueron asignados, situación que Espinoza defiende al indicar que se tratan de trabajadores de la Sección de Delitos Económicos, por lo que deben colaborar en los casos que él considere oportuno, atendiendo las prioridades del Ministerio Público.

"En este caso particular nosotros esperamos un Consejo Superior del Poder Judicial que colabore y brinde recursos. Pero un Consejo Superior que pretenda que yo le rinda cuentas de como avanza una investigación, en primer lugar, está invadiendo mi esfera funcional y la esfera funcional del OIJ; pero además pretende que yo viole el artículo 295 del Código de Procedimientos Penales", señaló el funcionario.

"Ni una sola de las plazas que nosotros hemos captado para el tema de Delitos Financieros se ha utilizado en aspectos de naturaleza diferente. Todas han sido utilizadas, hemos emitido reportes, hemos emitido informes, hemos ejecutado allanamientos y hemos cubierto a cabalidad las peticiones de la Fiscalía, de forma seria y de forma responsable", enfatizó.

El Consejo Superior acordó en su sesión 69-18 del 3 de agosto solicitarle a Espinoza un informe por haber usado a los seis peritos en las investigaciones de Yanber y del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), pero no lo comunicaría hasta el 7 de ese mes.

También, el órgano administrativo apuntó contra el director del OIJ por haberse tardado hasta la última semana para pedir una prórroga que le permitiera quedarse con seis peritos financieros y otros nueve dedicados a la revisión de artículos tecnológicos. Esa situación fue desmentida por Espinoza, quien aseguró que la Policía Judicial realizó entre cuatro o cinco veces la solicitud.

"Ante el ingreso de la gran cantidad de asuntos que nosotros estamos recibiendo, evidentemente esto va a provocar un rezago o un retardo. (...) Esto es aritmética sencilla: no tenemos 15 personas que teníamos hasta el 3 de agosto, que además es personal técnico, personal especializado, es personal profesional que no es sencillo conseguir y que requirió una inducción del OIJ para que pudieran trabajar", adicionó el jefe del cuerpo policial.

Pese a lo anterior, Espinoza dijo ser respetuoso de lo resuelto por el Consejo, al tiempo que se mantiene confiado en que el órgano administrativo dará marcha atrás y reinsertará a los peritos una vez que tengan en sus manos el documento requerido.

"El informe que nos han pedido lo vamos a hacer en el entendido de que es un informe muy básico, muy liviano, porque el tema relacionado con la manera en la que se desarrollan las investigaciones bajo ninguna circunstancia es tema de la investigación judicial, eso es inadmisible y eso lo vamos a sostener", afirmó.

El caso del cemento chino es un escándalo de corrupción que salpica a las altas esferas de los Supremos Poderes. En sí, la investigación gira alrededor de una serie de supuestos beneficios que recibió el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, quien actualmente descuenta prisión preventiva. El apoderado de Sinocem Costa Rica recibió una línea de crédito por más de $30 millones del Banco de Costa Rica (BCR) para la importación de cemento procedente de China.

Yanber, en cambio, es el nombre que llevaba una compañía productora de plásticos para agricultura que pertenecía al también empresario Samuel Yankelewitz Berger, a quien el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) le interpuso una denuncia un presunto fraude de $6 millones y ¢2.172 millones. Le siguieron después el BCR por ¢6.975, el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) por ¢1.120 millones; así como el grupo Consultores Financieros (COFIN), cuyos montos defraudados aún no ha sido calculados

Finalmente, la investigación al Infocoop corresponde al aparente otorgamiento de créditos irregulares de fondos públicos. Una auditoría forense dada a conocer por el Gobierno de la República el abril anterior, reveló que la institución perdió ¢44,9 mil millones por malos manejos entre el 2009 y 2016.

"Inconcebible"

La Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) consideró como un "evidente perjuicio" a los "intereses investigativos" de la Policía Judicial el tiempo que tardó el Consejo Superior en conocer el oficio 0805-DG-2018, en el que se solicitaba la prórroga de los peritos.

El documento fue remitido al órgano administrativo el 23 de julio y resuelto sin notificación el 3 de agosto.

"Son reiteradas las ocasiones en que, tanto la Dirección General como la Administración del OIJ, han tratado de encaminar de manera adecuada lo que corresponde en las situaciones apuntadas, sin embargo, deja mucho que desear y pensar la forma en que lo han resuelto", establece el pronunciamiento sindical.

Crédito de fotografía: Organismo de Investigación Judicial.