Jueza que impugna alza salarial a cúpula Judicial denuncia trato ilegal en Sala IV

Una jueza que acudió a la Sala Constitucional para impugnar el aumento salarial que aprobó la Corte Plena para 46 puestos gerenciales, incluidos los magistrados, en el 2008 y en el 2010, denunció que el Tribunal Constitucional le dio un trato ilegal a la acción de inconstitucionalidad que presentó junto a otro compañero.

La denunciante es la juzgadora de materia laboral Silvia Elena Arce Meneses, quien acudió el 6 de noviembre anterior ante la Fiscalía General para denunciar a la magistrada suplente Aracelly Pacheco Salazar, por el delito de prevaricato, el cual se comete cuando un juez dicta una resolución arbitraria. Precisamente, Pacheco fue propuesta por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para ser reelecta como suplente.

Arce y otro juez llamado Armando Elizondo, presentaron la acción de inconstitucionalidad en abril anterior, en la cual alegan que la Corte Plena aprobó, en el 2008 y el 2010, “un incremento salarial totalmente injusto y desproporcionado”, pues el salario de 46 jerarcas aumentó entre 35% y 50% .

Sin embargo, los magistrados titulares se inhibieron tras ser recusados y dejaron el tema a los suplentes. Posteriormente, los suplentes también se abstuvieron de resolver el tema, por lo que el caso volvió a los magistrados propietarios.

Para Arce, los magistrados titulares no deberían resolver el asunto, porque algunos de ellos ya adelantaron criterio, como lo hizo el presidente de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta, quien apoyó el aumento salarial en el 2008. Por esa razón, ella presentó un recurso de nulidad para que el tema volviera a los suplentes. Esa gestión fue rechazada por la magistrada Pacheco en resolución del 19 de octubre anterior.

“La denunciada está desconociendo derechos humanos fundamentales consagrados no solo en la Constitución Política, sino en instrumentos de derecho internacional, que tienen mayor rango en la escala jerárquica del ordenamiento jurídico nacional, que la Ley de Jurisdicción Constitucional”, dice la denuncia, de la cual AmeliaRueda.com tiene copia.

La recurrente manifestó que los magistrados suplentes pudieron buscar otras opciones que les permite la ley antes de regresar el tema a los titulares, por ejemplo, pedir a la Asamblea Legislativa el nombramiento de más suplentes.

“A mí me parece que se incurrió en prevaricato, porque se pudieron aplicar normas ante la falta de magistrados suplentes y no se están haciendo, pero eso quedará a criterio de los expertos”, enfatizó la jueza.

En junio anterior, los diputado Patricia Mora y Edgardo Araya, del Frente Amplio; así como Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentaron una coadyuvancia de la acción presentada por Arce y Elizondo.

De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad, los aumentos le han costado al país más de ¢2.000 millones en los últimos nueve años.

La jueza añadió que, de ser necesario, acudirá a instancias internacionales para pedir una justicia imparcial.