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Plan Justicia Restaurativa desvía fondos destinados a víctimas a programas para readaptar ofensores

Iniciativa fue aprobada en primer debate el 25 de abril anterior por la Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa

El proyecto de Ley de Justicia Restaurativa pretende desviar fondos destinados a la Oficina de Atención y Protección de las Víctimas del Ministerio Público para financiar programas que están dirigidos a la readaptación de los ofensores.

De acuerdo con el artículo 6 bis de la iniciativa -aprobada en primer debate el 25 de abril anterior por la Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa- se deberán crear disposiciones presupuestarias de manera que el Fondo Especial para la Protección de Víctimas y Testigos financie con sus recursos la sostenibilidad de un plan que permia que el imputado lleve a cabo acciones correctivas en vez de condenas penales.

Actualmente, esa fuente de ingresos se extrae de un impuesto cobrado a los títulos de valores de monedas extranjeras según lo establecido en la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes.. Para 2017, el monto fue de ¢8.325.643.760, del cual la Oficina de Atención y Protección de las Víctimas devengó el 92 por ciento.

Precisamente esa utilización tan alta de los recursos despierta preocupación y disconformidad del lado de las víctimas. En palabras Roxana Rojas, promotora de los derechos de las vítimas, el proyecto de Ley Restaurativa vendría a descobijar los programas que actualmente desempeña la dependencia de la Fiscalía para duplicar otras funciones que ya existen en el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

"Esto se hace porque se cree que las víctimas tenemos mucho dinero pero eso es una mentira puesto que se usa un 92 por ciento del presupuesto asignado. A nosotros no nos sobra plata", manifestó Rojas.

La misma postura tiene la Fiscalía que, ante consulta de AmeliaRueda.com, informó que la sostenibilidad de la Unidad de Justicia Restaurativa -cuya creación está contenida en el artículo 6 bis- "implica que el dinero que se ha venido destinando a la atención y protección de personas víctimas de delitos se utilice, por ejemplo, en la creación de nuevas plazas y en la compra de vehículos, sin que el presupuesto para las víctimas aumente".

A criterio de Rojas, quien es trabajadora social y cuyo hijo fue asesinado durante un asalto, la medida vendría a aumentar la impunidad ya que se hará aún más difícil conseguir testigos que estén dispuestos a rendir testimonio ante el panorama aún menos alentador que significaría una reducción de su protección.

Para la diputada del Partido Integración Nacional (PIN), Zoila Volio, "no se vale" que el fondo de la ley 8.720 se vaya a utilizar para los programas de lo que ella denomina "Justicia Destructiva" porque contempla además delitos de violencia que pueden poner en riesgo a poblaciones como las mujeres.

La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, indicó el martes que existe una incongruencia en el texto en discusión que debe subsanarse antes del segundo debate para excluir de cualquier beneficio a los violadores sexuales y agresores de género. Con ello concuerda la Fiscalía en su criterio al hallar una contradicción entre el artículo 14 y el inciso B del artículo 6 bis.

Debido a lo anterior es que Volio presentó una moción de avocación la tarde de este jueves, con el fin de sacar del foro con facultades plenas para trasladarlo al Plenario y ahí aplicarle cambios. No obstante, la solicitud de la legisladora fue rechazada por mayoría de los presentes.

El próximo lunes 11 de junio, la Comisión Plena Primera sesionará de forma extraordinaria para valorar si las observaciones de la fiscala general Emilia Navas son incluidas o no en la iniciativa de ley antes de que sea aprobada de manera definitiva. La jerarca del Ministerio Público no había sido consultada con anterioridad ya que ella no ocupaba el cargo para entonces.

Fotografía de Carolina Bello May.