Magistrados admiten crisis en Poder Judicial e involucrarán a la ciudadanía en debate de reformas

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia admiten una crisis en el Poder Judicial, por lo que involucrarán a la ciudadanía en el debate de reformas con las cuales planean solventar los problemas que han puesto a ese contrapeso en un punto crítico ante la opinión pública.

En tal medida coincidieron en el programa Nuestra Voz de la mañana de este martes los jueces superiores Carlos Chinchilla, Fernando Cruz, Paul Rueda y Nancy Hernández, luego de que el pasado lunes la Corte Plena acordara "cambios urgentes" en nueves áreas distintas de ese Poder de la República, ante los cuestionamientos que giran alrededor del fiscal general Jorge Chavarría, y el magistrado de la Sala de Casación Penal, Celso Gamboa; ambos suspendidos de sus cargos por tres meses.

Entre los elementos que se plantea variar está el procedimiento para elección de magistrados, el régimen disciplinario, los protocolos de conducta de servidores judiciales, nuevos requerimientos en el informe anual del Fiscal General, reformas en la carrera judicial, la elaboración de un plan tendente a la concentración de la Corte Plena en funciones estrictamente de dirección general de la política judicial, cambios al proceso penal y lucha contra la corrupción, evaluación de desempeño, así como el inicio de un diálogo con la sociedad civil.

A criterio de Hernández, miembro de la Sala Constitucional, la crisis del Poder Judicial está acompañada por una apropiación que ha tomado la sociedad civil de la justicia, al entender que el sistema democrático gira entorno su correcto funcionamiento.

Bajo esa premisa es que la misma ciudadanía ejercerá presión a la clase política, a través de la Asamblea Legislativa.

La magistrada afirmó que el Congreso es en gran parte responsable de los aprietos en el Poder de la República al que pertenece, ya que las personas han optado por trasladar al ámbito judicial cada problemática que se le antepone, ante la imposibilidad de los diputados de alcanzar acuerdos que determinen nuevas leyes.

En la misma línea, Cruz, quien es compañero de sala de Hernández, instó a la convocatoria de instancias para conocer las oportunidades de cambio que percibe la ciudadanía, mediante el Programa Estado de la Nación o bien, foros con académicos en centros de educación superior o colegios profesionales, así como con los costarricenses en general aprovechando las herramientas tecnológicas de la actualidad.

Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, enfatizó en la importancia en establecer una ruta que se base en la experiencia en la carrera judicial. La cabeza del Poder Judicial puntualizó que hoy día hay aspirantes a jueces que no superan las pruebas para ser admitidos en el más inferior de los cargos de la judicatura (juez uno), pero que concursan por los más altos, llegando a ser elegidos en más de una ocasión.

El magistrado además considera necesario que quienes deseen ser jueces deben probarse en regiones alejadas del Gran Área Metropolitana (GAM), pues ahí se puede adquirir una más adecuada educación respecto al diario vivir de esa profesión, hasta alcanzar un basto entrenamiento al lograr ingresar a los circuitos centrales del Poder Judicial, donde se aumentan las cargas de trabajo.

Rueda, también de la Sala IV, señaló que una de sus principales preocupaciones es el protocolo de conducta de los funcionarios judiciales, una medida que podría implementarse de forma pronta con efectos importantes que garanticen el equilibrio, la objetividad y la transparencia.

Este último magistrado fue el proponente de la iniciativa que recibió el apoyo unánime de sus compañeros, quienes al momento de la elaboración le habían manifestado compartir ideas y criterios similares a los que estaba buscando plantear en el documento, que finalmente fue presentado a Corte Plena el lunes.

El juez superior de la Sala Constitucional considera que las problemáticas que afronta el Poder Judicial crean un ambiente propicio para hacer las reformas, de las cuales algunas dependen del Congreso y otras únicamente de los órganos internos de la Corte.

En la propuesta avalada se establece la creación de una comisión para cada uno de los temas, la cual estará integrada por magistrados de cada una de las cuatro salas que integran la Corte Suprema de Justicia. Las comisiones tendrán 15 días naturales para elevar una o varias propuestas concretas a la Corte Plena.