Mayoría de diputados opuesta a plan para reducir jornadas laborales en sector público

Una mayoría de los diputados se opone al proyecto de ley que presentó el lunes pasado el Gobierno de la República, para disminuir en un 15% la jornada laboral a los 35.000 empleados públicos que ganan más de ¢1,5 millones por un año, como medida para recortar el gasto ante los efectos que la pandemia del Covid-19 ha tenido sobre la economía.

El Partido Restauración Nacional (PRN) y el bloque independiente Nueva República ya se manifestaron en contra de la iniciativa. El lunes se oficializarán las posiciones de las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que fue adelantada por el Directorio Político, mediante comunicado, en el caso del PLN.

Solo esas cuatro agrupaciones reúnen a 39 de los 57 legisladores.

La oposición tiene ahora en apuros al Poder Ejecutivo y el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), que deberán hacer enmiendas al texto para darle viabilidad en la Asamblea Legislativa.

El miércoles, el Comité Ejecutivo Superior del Directorio Político Nacional verdiblanco emitió un pronunciamiento en el cual califica la propuesta de "desigual, regresiva e inconstitucional". Esto por cuando el plan excluye de rebajas a las instituciones que atienden la pandemia, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); y el Gobierno no contempló las implicaciones de la reducción en fuentes de ingreso como el Impuesto sobre la Renta, cuotas obrero patronales y otras cargas sociales.

Consultado al respecto, el jefe de fracción de Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón, explicó que la postura grupal aún no está oficialmente definida, pero adelantó: "Hemos encontrado inconsistencias a este proyecto de reducir un 15% de la jornada laboral en el sector público. (...) De momento no es de recibo un proyecto de esta importancia y de este impacto que puede tener en lo económico y lo social el hecho de que el Gobierno no haya sido más responsable y lo presentara de una manera más sustentada".

Una posición similar mostró el líder de la bancada de la Unidad Social Cristiana, Rodolfo Peña, en entrevista con AmeliaRueda.com. El parlamentario aseguró que el tema se votará en fracción hasta el lunes, aunque manifestó que considera el plan como "injusto".

Por su parte, la jefa de la fracción de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, resaltó en un comunicado de prensa que la iniciativa "está muy mal planteada".

Al igual que sus colegas, fustigó que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) no contemplara el impacto que sufrirían las finanzas de la Caja de Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) producto del recorte de jornadas; ni el riesgo de inconstitucionalidad del texto, por motivos de proporcionalidad e igualdad.

"No hay fundamento técnico para determinar el monto de reducción de jornada en 15%, ni explicación de por qué debe ser por 12 meses, por lo que estaríamos frente a una pretensión arbitraria", añadió, al tiempo que indicó que su bancada considera que lo oportuno es hacerlo por tres meses prorrogables por un periodo igual.

Por su parte, la coordinadora del bloque independiente Nueva República, Carmen Chan, también hizo énfasis en la ausencia de estudios económicos sobre los efectos de la iniciativa.

"Nueva República no formará parte de una discusión atropellada, respecto a otra iniciativa que el Gobierno presentada de manera aislada, sin un análisis integral de medidas en el sector público, que permita valorar adecuadamente el peso relativo de esta nueva propuesta, en el conjunto de otras en operación o que se estén planificando a futuro", advirtió la diputada.

El jefe de la fracción oficialista, Enrique Sánchez, dijo ser consciente de las dudas que generó el plan del Ejecutivo, pero consideró que además de críticas se requieren propuestas para una solución.

"Aquí el fondo es que concretemos lo antes posible una contribución de nosotros, como personas que recibimos una alta remuneración, una contribución excepcional para aportar a la atención de la emergencias", manifestó el líder rojiamarillo.

Sánchez indicó que la prioridad del oficialismo es que el proyecto cubra incluso los puestos de elección popular y buscar fuentes alternativas de recursos que se dejarán de percibir con los rebajos. El legislador aseguró que aún si se quitan las implicaciones por cuotas patronales y cargas sociales, el ahorro superaría los ¢90.000 millones.

El viernes, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo que desde el Gobierno hay anuencia para hacer modificaciones a la iniciativa, pero consideró que éstas deben realizarse en el seno de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.

Lea más: Enmiendas a proyecto para reducir jornadas en sector público son posibles, dice Gobierno