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Celdas del OIJ

Dueño de Meco queda libre tras demostrar garantía por $5 millones; no puede salir del país

Propietaria de H. Solís continúa detenida en cárcel de mujeres

El presidente de la constructora Meco, Carlos Cerdas Araya, quedó libre la tarde de este 28 de junio después de que se validara una garantía por $5 millones, lo que no lo desvincula de la investigación en el caso de corrupción "Cochinilla"

"Así es. Salió hace cinco minutos", manifestó su defensor Érick Ramos Fallas en una llamada telefónica con AmeliaRueda.com realizada a las 6:07 p.m.

Mientras se desarrolla la pesquisa por el escándalo de aparente corrupción en contratos de obras viales, el empresario deberá cumplir por cuatro meses con las siguientes medidas cautelares:

  • Impedimento de salida del país.
  • Prohibición para acercarse al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
  • Prohibición para acercarse a aeropuertos.
  • Entrega de los pasaportes.
  • Prohibición para acercarse a testigos.

Sin embargo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) inicialmente solicitó un año de prisión preventiva y tras la resolución de la jueza Carolina Lizano Salazar, anunció una apelación y que insistirá en que Cerdas Araya permanezca privado de libertad.

El abogado de Cerdas evitó referirse a la forma en la que se rindió la caución real impuesta dos días atrás por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

"Son detalles a los cuales yo no puedo referirme porque es un secreto que establece el artículo 295 del Código Procesal Penal. No puedo referirme a ningún detalle del proceso", aseveró el jurista.

De esta manera, la única detenida por el caso "Cochinilla" hasta la fecha es la propietaria de la empresa H. Solís, Mélida Solís Vargas.

El defensor de esta, Érick Gatgens Gómez, explicó a este medio que su clienta permanece detenida en la cárcel de mujeres Vilma Curling Rivera, en Desamparados, a la espera de que un perito culmine con los avalúos realizados a cuatro propiedades de su familia ofrecidas como garantía para cumplir con la fianza de $3 millones establecida por el órgano jurisdiccional.

Ambos empresarios fueron detenidos el 14 de junio pasado durante los allanamientos dirigidos en 57 puntos diferentes, con el objetivo de lograr la detención u obtención de pruebas de 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas, aparentemente involucrados en una red de corrupción.

Del total de diligencias, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), entre otras.

El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.

Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.

Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.

El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.

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