Millonaria jubilación de Villanueva reaviva necesidad de reformar pensiones del Poder Judicial

La ostentosa jubilación de ¢9.863.000 que recibirá cada mes la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, tras acogerse a su pensión al pasado viernes 12 de mayo, reavivó la discusión de la reforma a las pensiones del Poder Judicial en la Asamblea Legislativa.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero, aseguró que pensiones tan desproporcionadas como la de Villanueva son las que generan desigualdad en un régimen de pensiones y además genera efectos negativos a largo plazo en las finanzas del Poder Judicial.

"Es obvio que es urgente entrarle a lo que nosotros estamos viendo en la Comisión Especial de Pensiones, como los números que ponen en riesgo la sostenibilidad del régimen. Tenemos que bajar la asimetría que existe entre las pensiones, entre quienes ganan pensiones de lujo y quienes tienen pensiones más bajas", señaló Guerrero.

La legisladora señaló que lo más importante en este momento es retomar la discusión en la comisión especial que analiza la reforma a las pensiones del Poder Judicial, ya que cuentan con cuatro de los seis productos (estudios) que debe entregar el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE).

"Este es un ejemplo más de la necesidad de acabar con las pensiones de lujo, no es justicia que los altos jerarcas tengan pensiones de más ¢9 millones mientras que los funcionarios judiciales no saben si tendrán o no pensión. Con la propuesta de los gremios, el fondo de pensiones tiene un déficit de hasta ¢8 billones en el peor de los casos, según el estudio actuarial de la UCR, tenemos que intervenir de manera inmediata este régimen”, recalcó Guerrero.

Para la jefa de fracción del Movimiento Libertario, Natalia Díaz, el caso de la millonaria pensión de Zarela Villanueva es un claro ejemplo de cosas que se deben eliminar para darle más equidad al régimen de pensiones del Poder Judicial.

“Me parece que es un tema urgente para el país, no podemos tener pensiones millonarias, no por el caso de doña Zarela Villanueva a quien le guardo mucho respeto, sino porque se trata de un un asunto que se generaliza para otros magistrados en el futuro. Hay pensiones en el régimen no contributivo que no alcanzan los ¢100.000, en el régimen IVM existe un tope de ¢1,5 millones, mientras que en el Poder Judicial se pagan pensiones de más de ¢10 millones. No podemos tener ciudadanos de primera y segunda categoría", señaló Díaz.

Denso camino en el Congreso

La reforma a las pensiones del Poder Judicial ha tenido un largo camino en la Asamblea Legislativa desde que fue presentado el 8 de julio del 2015. El expediente 19.651 pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus reformas, una normativa que data del 29 de noviembre del 1937.

En julio del año pasado, mediante una moción de vía rápida, se creó la comisión especial de reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial.

Este grupo de diputados abrió el debate sobre un texto presentado por la Corte Plena y los gremios que buscaba reducir el déficit de ¢5,3 billones al sistema de pensiones del Poder Judicial.

El 5 de abril del 2017, los diputados ampliaron el plazo de trabajo de la comisión -en una tercera prórroga- hasta el 31 de julio próximo para que los diputados definan el futuro del proyecto de ley. Seis días antes, los legisladores acogieron para estudio como texto sustitutivo un proyecto de ley impulsado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y por los mismos congresistas.

La actual ley de pensiones permite una serie de beneficios:

- Pensión se calcula sobre el 100% de los últimos 24 salarios devengados.

- La edad mínima de jubilación para las mujeres será 60 años y para los hombres 62.

- No existe un tope máximo para las pensiones y por eso se pagan jubilaciones de hasta ¢9,8 millones.

- No está establecida una contribución solidaria por parte de los pensionados para el régimen de pensiones.

- La cotización está compuesta por un 11% de aportes de los empleados, el 14,3% del Poder Judicial y el 1,24% del Estado.

- El sistema de pensiones es administrado por el Consejo Superior Administrativo del Poder Judicial.

El texto actual que fue impulsado por la SUPEN y los diputados impone una serie de cambios que detallamos por orden a continuación:

- El monto de la pensión se calcularía sobre el 100% de los salarios devengados durante toda la vida.

- La edad mínima para pensionarse pasaría a los 65 años para mujeres y hombres.

- Todas las pensiones tendrían que aportar el 30% del monto total cada mes como para una contribución solidaria que se sumaría al régimen.

- Los porcentajes de contribución se mantienen igual (11% de empleados, 14,3% del Poder Judicial y el 1,24% del Estado) solo que los aportes de los trabajadores y el patrono podrían aumentar hasta el 30% de forma paulatina.

- Se trasladaría la administración a la Caja Única del Estado y se crearía una junta para administrar los pagos, inversiones y otras transacciones.

Prudencia legislativa

El IICE de la UCR trabaja en un quinto producto que consiste en un informe que ofrecería mayor claridad a los diputados de la comisión especial sobre los diferentes escenarios financieros que tendría cada proyecto de ley analizado.

El sexto producto es un informe final que incluye resultados y recomendaciones sobre los proyectos de ley analizados por la comisión. Los legisladores esperan que este documento llegue a sus manos antes del 30 de junio para poder acelerar la discusión de la reforma a las jubilaciones del Poder Judicial y cumplir con la aprobación del proyecto de ley en la comisión especial antes de que se cumpla el plazo impuesto al 31 de julio, último día en que podría sesionar este grupo de trabajo.

El director del IICE de la UCR, José Cordero, explicó que actualmente trabajan en la elaboración de los productos y que deben ser entregados y aprobados por el Poder Judicial para que luego se hagan públicos y lleguen a las manos de los diputados.

"Ellos (los diputados) no tienen que esperar nada, el proyecto del IICE es independiente de lo que los diputados resuelvan. El proyecto incluye la entrega de seis productos, de los cuales ya cumplimos con cuatro y ahora nos quedan pendiente la entrega de los escenarios y las recomendaciones finales", precisó Cordero.

Una moción impulsada por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sandra Piszk el pasado 7 de marzo, propuso que se continuara la discusión del proyecto de ley propuesto por SUPEN hasta que los legisladores tengan en sus manos los estudios finales de la UCR para tener certeza técnica de los efectos que podría tener la reforma a las pensiones del Poder Judicial.