18 convenciones colectivas de municipios permiten pago de cesantía sin límite de años

beneficios​Cartago y Escazú pagan cesantía incluso en caso de renuncia del empleado.

Un total de 18 municipalidades pactaron en sus convenciones colectivas el pago de cesantía sin límite de años a los funcionarios que dejen de trabajar en ellas por despido sin justa causa o por jubilación ordinaria o extraordinaria.

Otros 28 municipios pagan cesantías que aunque sí tienen tope -entre 10 y 25 años-, también exceden el límite establecido en el artículo 29 del Código de Trabajo para trabajadores públicos o privados que no están cobijados por este tipo de convenciones.

Así se desprende de un análisis elaborado por AmeliaRueda.com con base en información proporcionada por el Ministerio de Trabajo sobre los 51 ayuntamientos que han firmado con sus sindicatos una convención colectiva. Treinta alcaldías no tienen contratos de esta naturaleza.

Cumpliéndose ciertas reglas, el Código de Trabajo establece que el auxilio de cesantía es una indemnización económica que todo patrono debe pagar cuando finaliza un contrato por tiempo indeterminado con uno de sus trabajadores por causas ajenas y no imputables a la voluntad del trabajador, con un tope máximo de 8 años.

Sin embargo, en 18 gobiernos locales el tope se rompió. En esa condición se encuentran los trabajadores municipales de Abangares, Aguirre, Aserrí, Cartago, Curridabat, Escazú, Goicoechea, Nicoya, Orotina, Santa Cruz, Talamanca, Tilarán, Turrialba, Pérez Zeledón, Pococí, San Carlos, San Mateo y Santa Ana.

Así, por ejemplo, si un empleado labora durante 50 años para un municipio que contemple el pago del auxilio de cesantía sin tope, la administración debe pagarle por todo el tiempo trabajado al momento de pensionarse, explica el representante de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) Erick Badilla.

Representante UNGL, Erick Badilla

Esto fue precisamente lo que ocurrió en Nicoya en 2014, cuando la alcaldía de ese cantón -en cumplimiento de lo pactado en la convención colectiva vigente desde el 29 de abril de 2010, tuvo que pagar más de 30 años de servicio a un inspector y más de 22 años de labor a un peón de sanidad que se pensionaron.

Preocupado por la erogación para el pago de ambas cesantías, el alcalde de la localidad, Marco Antonio Jiménez, consultó en setiembre de 2014 a la Contraloría General de la República qué mecanismo seguir para derogar los artículos de la convención colectiva que rompen el tope de cesantía.

No obstante, en la respuesta DFOE-DI-2679 del 11 de noviembre de ese año, la Contraloría contesta que "no podría venir a emitir un criterio al respecto, pues ello con ello correría el riesgo de sustituir a la Administración".

A la comprometida situación financiera de Nicoya, se sumó en setiembre de este año una tercera solicitud de pensión y con ello un tercer pago de cesantía, la de una funcionaria del área contable de la alcaldía de Nicoya, con 29 años de antigüedad laboral.

alcalde de nicoya, marco antonio jiménez

Según el alcalde nicoyano, solo en el caso de esta última funcionaria la liquidación asciende a ¢50 millones.

Jiménez adelantó que la convención colectiva de este ayuntamiento guanacasteco vence en abril de 2016, oportunidad para denunciarla y permitir una renegociación de los beneficios que, a su criterio, atentan contra las arcas municipales.

Además del pago de cesantía sin límite de años, la convención colectiva de ese municipio también contempla la obligatoriedad de pagar los gastos funerales de familiares de los trabajadores de la Municipalidad de Nicoya. También aumentó de 3,5 por ciento a 4 por ciento el pago de anualidades.

Cesantía al renunciar

De los 18 ayuntamientos sin límite al pago del auxilio de cesantías hay dos que van más allá, pues si bien el Código de Trabajo establece que debe pagarse sólo en aquellos casos en que el trabajador es despedido con responsabilidad patronal, dos sindicatos lograron que se les reconozca este beneficio sin límite de años incluso en caso de renuncia.

Se trata de las municipalidades de Cartago y Escazú, que de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo son las únicas a nivel nacional que otorgan el pago del auxilio cesantía en caso de que los empleados decidan dejar su puesto por su voluntad.

La convención colectiva de la municipalidad de Escazú paga la cesantía sin límite de años si el trabajador se pensiona y si dimite. Así, si tiene entre 2 y 6 años de laborar y renuncia se le pagará un 90 por ciento, y a partir de los 6 años se le cancelará un 100 por ciento.

Estas diferencias han provocado que la administración haya tenido que pagar montos que van oscilan entere los ¢20 millones y los ¢45 millones, admitió el alcalde Arnoldo Barahona.

Según Barahona la convención colectiva se negoció en la década de los noventa con un sindicato que ya se disolvió; sin embargo, eso no anula los privilegios a los funcionarios.

alcalde de escazú, arnoldo barahona

En ese sentido dijo que están en conversaciones con el nuevo sindicato para renegociar los términos de la convención, para lo cual están a la espera de una resolución del Ministerio de Trabajo que permita aclarar si el vencimiento es este año o en 2016.

"Existe una confusión en torno a la fecha, sobre si se toma a partir del momento de la firma o del momento en que Trabajo la ratificó", agregó el alcalde, quien acotó que esperan tener la respuesta en aproximadamente un mes.

En el caso de Cartago si un empleado municipal renuncia con entre 10 y 20 años de prestar servicios, se le pagará un 60 por ciento de su cesantía calculada por el total de años laborados y de 20 años en adelante un 75 por ciento.

Sobre el tema se procuró la versión del alcalde Rolando Rodríguez, pero no respondió a las llamadas y mensajes dejados en su oficina.

Topes varios

El tope en el pago de cesantía para trabajadores municipales depende de lo negociado por cada gobierno local y el sindicato correspondiente.

La municipalidad de Carrillo en Guanacaste es la única que otorga un tope de 25 años en el pago de ese beneficio. Entretanto, hay 10 ayuntamientos que fijaron el límite en "hasta 20 años": La Unión, Coronado, Grecia, Liberia, Limón, Siquirres, Tibás, Puntarenas, San José y Garabito.

En las alcaldías de los cantones de Atenas, Guácimo, Golfito, Montes de Oca y Montes de Oro en Puntarenas el tope máximo son 15 años y en otros ocho casos el tope son 12 años.

Portillo

De acuerdo con el representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Erick Badilla, existe una puerta que ningún ayuntamiento ha querido tocar para intentar salirse de este tipo de privilegios.

Se trata de jurisprudencia de la Procuraduría que establece que las convenciones colectivas en las municipalidades solo pueden alcanzar a aquellos trabajadores que no realicen gestión pública.

"Es un tema al que nadie le ha entrado", apuntó Badilla, quien señaló que si bien las convenciones colectivas han sido validadas, estas deben alcanzar solo a los que no realicen función pública; es decir, aquellos empleados municipales cuya labor puede ser asumida mediante contratación de un privado.

representante ungl, erick badilla

Badilla añadió que el trabajo de la UNGL ha sido acompañar y asesorar a las municipalidades para reducir los privilegios.

"Se ha logrado ir creando conciencia poco a poco, pero es un proceso lento", aseveró.

Uno de los ayuntamientos que intenta romper con la convención colectiva es Montes de Oca. El 30 de setiembre la municipalidad declaró extinta la convención colectiva debido a que se encontraba denunciada desde 2004 y hasta la fecha las partes no se habían sentado a negociar.

El alcalde de la localidad, Fernando Trejos, dijo que el concejo municipal basó la decisión en jurisprudencia del Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional, en el sentido de que cuando una convención colectiva es denunciada y pasan más de 3 meses sin negociarse, ésta pierde su vigencia.

El caso fue elevado al Tribunal Contencioso Administrativo, donde deberá resolverse quien tiene la razón, aunque de momento el otorgamiento de beneficios a los trabajadores se encuentra paralizado, de acuerdo con el alcalde.

Colaboraron las periodistas Alejandra Fernández y Mónica Cordero