Narcotráfico devasta áreas protegidas en Centroamérica, señala informe

La presencia de traficantes de drogas provoca la devastación de bosques tropicales en áreas protegidas de Centroamérica, a donde huyen de la persecución de las autoridades, alertaron tres estudios divulgados este martes.

Según los informes, realizados por investigadores de El Salvador, Costa Rica y los estados estadounidenses de Oregón y Texas, el istmo centroamericano pierde más $214,6 millones de dólares cada año en recursos naturales y culturales en los bosques oficialmente protegidos de la región.

La sorprendente evidencia del papel que juegan el tráfico de drogas en despojar a los bosques de su riqueza natural está surgiendo en un momento en que la selva amazónica, se encuentra bajo el asedio de intereses agrícolas y políticos decididos a despejar la tierra mediante incendios.

En América Central, vastas extensiones de bosque designadas bajo protección estatal están igualmente bajo el asedio del agronegocio alimentado por la economía de la droga.

La guerra contra las drogas financiada por los Estados Unidos ha empujado a los traficantes a áreas forestales remotas, según los estudios que fueron dados a conocer por la Fundación Neotrópica y la Fundación Prisma de El Salvador durante el desarrollo de la conferencia climática internacional PreCOP 25, que se realiza en Costa Rica del 8 al 10 de octubre.

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Deforestación de bosques protegidos

La narco-deforestación actualmente está afectando a grandes extensiones de bosques tropicales en Guatemala, Honduras, Nicaragua, y también está comenzando a afectar a Costa Rica, según Jennifer A. Devine, profesora de la Universidad Estatal de Texas y coautora del estudio “Impactos de la narcodegradación en áreas protegidas en América Central: una economía ecológica crítica” (Impacts of Narco-Degradation on Protected Areas in Central America: A Critical Ecological Economics).

Al analizar los impactos del tráfico de cocaína en América Central se lograron identificar las causas de la deforestación en la Mosquitia en Honduras, la región de conservación de Osa en Costa Rica y La Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala; todas áreas protegidas del Corredor Biológico Mesoamericano.

Para el estudio de la reserva de biosfera en Guatemala, los autores recurrieron a cientos de imágenes satelitales y realizaron entrevistas a más de 75 residentes, conservacionistas y líderes comunitarios de los bosques protegidos.

"Si los pueblos indígenas y otras comunidades locales no tienen control sobre los bosques que son su hogar, si la guerra contra las drogas continúa alimentando el narcotráfico, América Central enfrentará un destino similar al de los paisajes consumidos por el fuego en la Amazonas", advirtió Devine.

La investigación muestra que los narcotraficantes buscan cada vez más paisajes remotos, a menudo en áreas protegidas, para garantizar rutas de tránsito físico para la cocaína.

"El deseo de lavar grandes sumas de dinero, además de establecer un control físico sobre territorios clave, ha llevado a los narcotraficantes a expandirse rápidamente en industrias que contribuyen a estos dos objetivos", señalo David Wrathall, profesor de la Universidad Estatal de Oregón.

“Esto se traduce en grandes extensiones deforestadas para la ganadería, la palma africana y las actividades extractivas. La presencia de los narcotraficantes a menudo conduce a una transformación dramática del paisaje local.

Traficantes recurren a la ganadería

La investigación indica que las organizaciones multinacionales de narcotráfico, “gobiernan” áreas forestales remotas para eludir la aplicación de la ley y han limpiado vastas áreas de árboles en América Central para lavar su dinero de drogas.

El estudio dice que los ganaderos a menudo trabajan directamente con representantes de grandes carteles transnacionales. Sus hallazgos sugieren que los carteles mexicanos en particular han podido aprovechar su influencia local para integrarse en el paisaje, adquirir territorio y fomentar la violencia.

"Ahora sabemos que el narcotráfico es uno de los principales impulsores de las pérdidas de servicios ecosistémicos en las áreas protegidas del Corredor Biológico Centroamericano

"Y sabemos que es un generador de conflictos ambientales. Identificamos nueve conflictos en los puntos críticos de biodiversidad que estudiamos, con la mayor parte de la carga llevada por los pueblos indígenas y otras comunidades locales.

"Las actividades relacionadas con narco socavan los usos tradicionales de los bosques y la gobernanza de los recursos, que producen costos sociales y ecológicos significativos", dijo el director de la Fundación Neotrópica, Bernando Aguilar González.

Las zonas verdes y los bosques gestionados por los gobiernos centroamericanos han perdido rápidamente territorio debido a la tendencia alimentada por el narcotráfico. En contraste, las tierras gestionadas por la comunidad han demostrado ser mucho más resistentes al acaparamiento de narco-tierras.

Detener a la narco-deforestación

Pese a que los hallazgos de los investigadores resultan alarmantes, Devine y sus colegas señalan que existe esperanza. Uno de los descubrimientos es que el brindar derechos a las comunidades forestales indígenas a gobernarse y controlar sus tierras pueden disuadir el tráfico y retrasar la deforestación.

"Tomados en conjunto, estos trabajos confirman cuán vital es garantizar que las comunidades forestales locales tengan un control a largo plazo sobre sus tierras y recursos forestales

"Si queremos reducir el riesgo de emisiones causadas cuando los bosques son destruidos y para salvaguardar el carbono en los bosques, tales derechos serán clave para evitar los peligros de la interferencia humana en la atmósfera", manifestó Wrathall.

Un análisis de los planes de los gobiernos centroamericanos para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París 2015, reveló que los bosques comunitarios en la región contienen suficiente carbono para cumplir con los compromisos de la región.

El estudio “Soluciones para la acción climática: Oportunidades desde la forestería basada en derechos y la gestión territorial”. subraya que se requiere la determinación de los gobiernos por reconocer y hacer cumplir los derechos locales de las comunidades indígenas y de paso que les permitan participar en decisiones que impactan la gestión de la tierra y los recursos.

Sin embargo, los gobiernos no incluyen la gestión de tierras comunitarias en sus planes para reducir las emisiones de carbono, según el economista Andrew Davis, Director del Programa de Gobernanza Territorial y Forestal de la oficina de San Salvador de la Fundación Prisma.

"En el papel, existe un amplio consenso de que los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades forestales son fundamentales para salvar los bosques y combatir el cambio climático", indicó Davis,